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La presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se renovará en unas semanas. Por la naturaleza del proceso no se descarta que surjan conflictos internos. Si el Inai se blinda desde ahora, se evitará que la selección contamine el desempeño de un actor fundamental en la vida democrática del país, por tratarse del organismo garante de la rendición de cuentas de entidades públicas.
El actual método de elección del presidente del Inai se basa en el voto secreto de sus siete integrantes, lo que favorece la aparición de grupos en favor o en contra de un comisionado. La ex presidenta del IFAI María Marván señala a EL UNIVERSAL que el actual sistema genera problemas como “darse de patadas debajo de la mesa”, por lo que plantea una resolución con el mayor consenso posible. Sin embargo, la candidatura de unidad o de consenso, por el contrario, implicaría el intercambio de compromisos, advierte el investigador Mauricio Merino.
La transparencia y el acceso a la información gubernamental son relativamente jóvenes en el país. Fue en 2001 cuando instituciones académicas, organismos no gubernamentales y medios de comunicación, entre ellos EL UNIVERSAL, impulsaron la creación de una Ley de Acceso a la Información Pública, que se concretaría meses adelante.
Ya avanzado el sexenio de Vicente Fox, surgieron la normatividad en la materia y el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información. Desde hace tres lustros la utilización de esas herramientas ha sido clave para conocer de qué manera se ejercen los recursos públicos en las administraciones federal y locales, con el fin de detectar excesos.
En 2014 desapareció el IFAI y surgió el Inai, con mayores atribuciones. La transición no estuvo exenta de polémica. Poco antes de que el cambio se concretara, se vivió una guerra civil entre los entonces comisionados, que se lanzaron acusaciones mutuas. Aunque pudieron haber sido ratificados para continuar en el instituto, fueron descartados.
Rendir cuentas ayuda a evitar la corrupción, uno de los problemas más graves del país. Pero si el órgano garante de ello se ve envuelto en conflictos internos, el derecho a la información podría quedar a la deriva.
Los actuales comisionados requerirán anteponer el beneficio de las mayorías al personal o grupal. Un conflicto que derive en el desprestigio del Inai sería muy costoso para el Sistema Nacional Anticorrupción, que ayer se puso en marcha. Los integrantes del instituto deberían tenerlo muy claro desde ahora.
