Desde hace algunas horas el país está inmerso nuevamente en un proceso electoral. Arrancaron las campañas para los comicios que se celebrarán el próximo 4 de junio cuando se renovarán las gubernaturas de Coahuila, el Estado de México y Nayarit. En Veracruz, la entidad con el cuarto padrón electoral más amplio, se renovarán 212 alcaldías, pero los actos proselitistas comenzarán el 2 de mayo.
Reñidas es quizá el calificativo que más se acerca a la situación en que inician las contiendas. En el Estado de México, la más importante, por poseer el padrón electoral con más ciudadanos inscritos (casi 11.5 millones), el proceso comienza con un virtual empate en las preferencias de tres aspirantes, de acuerdo con la más reciente encuesta de EL UNIVERSAL del pasado 14 de febrero.
Ante lo cerrado de las competencias lo deseable es que más que campañas enfocadas en las acusaciones sin fundamento y en la descalificación del adversario, el proselitismo privilegie el debate de proyectos de gobierno y de ideas para resolver los problemas que aquejan a las entidades.
Para los distintos aspirantes el mayor enemigo que tendrán enfrente es el desencanto ciudadano a todo aquello que emane de la política. Competir por ser el que más lance lodo al contrincante puede devenir en un mayor rechazo de la población, lo que a nadie beneficiaría, pues se corre el riesgo de que se refleje en un alejamiento de las urnas el día de las elecciones.
El tema del gasto también estará en el centro. En el Estado de México, por ejemplo, cada candidato podrá erogar 285 millones de pesos, lo que equivale a poco menos de 5 millones de pesos diarios por día de campaña. Ante tal cantidad de recursos, justificados por ley debido a que es el estado más poblado, los candidatos deben ser los primeros en exigir transparencia a su equipo en el uso del dinero y la autoridad electoral desplegar una estricta fiscalización del dinero. Por evitar que a las campañas llegue dinero de dudosa procedencia el costo de la vida democrática se ha elevado; lo menos que se pide es ejercerlo apegado a la ley.
Los próximos 60 días la población de cuatro estados, donde habita casi 20% de los mexicanos, será el blanco de millones de mensajes con el único fin de conseguir el voto. Candidatos partidistas e independientes inundarán las plazas y los medios de comunicación en busca de gobernar sus estados. Este proceso debe convertirse en una oportunidad para que el ciudadano sea incluido en las propuestas y su voz escuchada por los aspirantes, quienes deben presentarse como personajes que respetarán la ley y criticar, sí, pero ofrecer soluciones. La problemática de sus entidades es amplia y en ellas deben enfocarse.
