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En el país se ha reconocido al respeto y a la tolerancia como valores necesarios para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, pues son fundamentales para prevenir y erradicar posibles episodios de violencia y discriminación.
En la Ciudad de México el aborto, un tema delicado, polémico, que divide opiniones, cumple 10 años de practicarse de manera legal, precisamente por el respeto y la tolerancia que ha prevalecido en los grupos que lo rechazan.
Hace una década entraron en vigor las reformas al Código Penal y las adiciones a la Ley de Salud local que permiten la interrupción legal del embarazo. Con esas modificaciones dejó de criminalizarse a las mujeres que decidían optar por un aborto, y en hospitales públicos se dio la opción de practicar en condiciones seguras la interrupción del embarazo.
En este periodo la medida ha evitado uno de sus objetivos centrales: erradicar las muertes por abortos mal practicados en la clandestinidad, además de haber otorgado a mujeres la oportunidad de decidir sobre un tema en el que ellas son las principales involucradas.
En 2007 cuando se dio la modificación a la ley se vertieron opiniones en favor y en contra. Grupos conservadores y religiosos fueron los más férreos opositores a la medida, pero desde entonces han actuado con una encomiable actitud de tolerancia ante la medida, que contribuye al clima de civilidad y respeto, que permiten el desarrollo y la sana convivencia de cualquier sociedad.
Sus señalamientos no se quedan únicamente en el terreno de la crítica, pues trascienden también al de la propuesta. La Unión Nacional de Padres de Familia, por ejemplo, plantea hoy en estas páginas la necesidad de que la autoridad ponga en marcha una política de educación sexual más integral, que no se quede únicamente en reparto de preservativos. Todos los grupos tienen la libertad de expresar sus opiniones sobre la interrupción del embarazo y promover posturas a favor o en contra.
Lo que no podía permitirse es que aquellas mujeres que —por la razón que fuera— decidían abortar, siguieran poniendo en riesgo su vida en clínicas clandestinas a donde acudían para interrumpir el embarazo.
A 10 años de haber entrado en vigor, la capital del país se mantiene como la única entidad en la que es legal el aborto. Grupos feministas descartan que en los estados se vayan a adoptar cambios para introducirlo en sus leyes, debido a la politización que genera el tema.
Tienen razón los que afirman que ante la legalidad del aborto no debe darse el fin de programas de planificación familiar (idealmente, la interrupción del embarazo debe ser la última opción de una mujer); pero también es cierto que son millones de mujeres las que en el resto del país son criminalizadas si se practican un aborto. Ellas deben tener, al menos, la opción de elegir.
