El Poder Legislativo, en un acto de gran insensibilidad e irresponsabilidad política, está por congelar la discusión de la Ley de Seguridad Interior, tan urgente para que las Fuerzas Armadas cuenten con respaldo legal para su actuar en tareas de seguridad pública, y para que la sociedad posea plena certeza sobre las funciones asignadas a estas corporaciones, que en el contexto de la lucha contra el crimen organizado han sido repetidamente señaladas por violaciones a derechos humanos.
Y, en vista de que el actual periodo ordinario concluye el próximo 30 de abril —sólo le quedan dos sesiones—, se antoja muy improbable una eventual aprobación a esta legislación.
Pareciera que a los legisladores les interesan más las elecciones de este y el próximo año, que discutir y eventualmente avalar una ley que daría un marco normativo, necesario en el contexto de la incapacidad de nuestras policías estatales y municipales, a los integrantes del Ejército en tareas de seguridad. Permanecer como hasta ahora, dicen especialistas, conlleva múltiples riesgos para el país.
En consecuencia, presumiblemente por criterios político-electorales, el Legislativo deja en la incertidumbre a las Fuerzas Armadas, porque continuarán sin mecanismos de control, temporalidad, objetivos y sobreexpuestos; y asimismo a la sociedad, que irremediablemente, por el momento, seguirá dependiendo de las labores de seguridad del Ejército, pero sin las garantías legales sobre las posibles implicaciones de dichas labores.
A pesar de que en las ultimas semanas las iniciativas en la materia presentadas se han discutido mucho en medios, impera el desconocimiento de sus contenidos, lo que en buena medida ha generado el rechazo de la sociedad y de diversas ONG’s, que acusan una militarización del país. En este sentido, para muchos resulta favorable que se posponga la aprobación en el Congreso de una ley de seguridad interior, porque detectan más riesgos en las distintas iniciativas planteadas y, por ejemplo, en lugar de ver un retiro paulatino de las Fuerzas castrenses, consideran que se está posponiendo el fortalecimiento de las policías locales.
Lo que es un hecho es que, hoy por hoy, no podemos prescindir de la ayuda que brindan los militares desplegados en el territorio nacional. No obstante, es impensable continuar bajo las condiciones actuales. El no saber cuántas fuerzas están en qué lugar, para qué y por cuánto tiempo coloca a la sociedad civil y a los propios militares en una posición de gran vulnerabilidad.
Los gobiernos estatales, con apoyo de la Federación, deben comenzar a responsabilizarse realmente de la seguridad de sus territorios e instaurar policías eficaces y probas. Lo ideal es que, ajenos criterios políticos, en el menor tiempo posible cada militar hoy en las calles sea sustituido por un policía profesional y honesto.
