El proyecto no puede ser mejor: la información pública de 8 mil dependencias de las 32 entidades federativas y del gobierno federal, incluidos los organismos autónomos (CNDH, Banxico, INE), al alcance desde la computadora o el teléfono de cualquier ciudadano por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. Hacerlo realidad es lo que no se ha podido en más de un año.

Se han destinado más de 20 millones de pesos en ello, pero el mecanismo sólo estuvo 21 días en operación. Debido a las fallas registradas, tuvo que suspenderse y así ha estado desde hace casi un año.

La nueva fecha para la puesta en marcha de la plataforma es en 15 días: el próximo 5 de mayo. Sin embargo, EL UNIVERSAL da a conocer hoy que siguen presentándose problemas técnicos, pues en 10 meses —desde el 26 de mayo de 2016 al 29 de marzo de 2017— el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha recibido 657 solicitudes de soporte técnico relacionadas con el mal funcionamiento de la plataforma.

En la actualidad el manejo de enormes datos es la constante en instancias públicas y privadas del país y del mundo, por lo que es difícil entender el retraso para la operación normal del sistema y para la reparación de fallas. ¿Cómo se justificará haber erogado recursos en un proyecto, si casi un año después aún presenta inconsistencias técnicas?

Las fallas presentadas sólo vienen a aplazar el cambio urgente que necesita el país para socializar aún más la opción de tener un fácil acceso a la información pública. Aunque el retraso no significa que no haya en este momento acceso a datos gubernamentales, la serie de errores y el tiempo transcurrido en nada contribuyen a la cultura de transparencia que se busca consolidar.

Las versiones sobre el retraso son encontradas entre el Inai y la empresa a cargo. El hecho destacable es que, de acuerdo con un informe entregado a la Cámara de Diputados, se han erogado casi 6 millones de pesos adicionales para corregir las fallas. Se trata de recursos que pudieron haber tenido otro destino, si el proyecto hubiera funcionado de manera adecuada. ¿A quién responsabilizar del gasto adicional?

La transparencia y el acceso a la información son considerados pilares de cualquier sistema democrático. Para el 4 de mayo tanto el municipio con el presupuesto más pequeño hasta enormes dependencias deberán haber subido su información a la Plataforma, para que el sistema arranque al día siguiente. A partir de ese momento —si ya no se registran problemas técnicos— la pelota estará en la cancha de sociedad, medios y organizaciones, quienes deben ser los supervisores naturales de la herramienta, pues la información pública debe contribuir a formar una cultura de rendición de cuentas y no quedar como mero ornamento.

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