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En menos de una semana dos ex gobernadores priístas acusados de vínculos con el narcotráfico y de corrupción fueron capturados en el extranjero. Las aprehensiones son una buena señal de que no se tolerará la impunidad, pero tienen que ser vistos apenas como lo que debe ser el principio de una gran cruzada de combate a los malos manejos que pueden darse en los distintos niveles de gobierno, desde el municipal hasta el federal.
Tomás Yarrington, detenido en Italia el pasado domingo 9, pudo evadir la acción de la justicia durante ¡cinco años! mientras era perseguido por agencias estadounidenses, ya que tenía acusaciones en cortes de Estados Unidos por narcotráfico, extorsión, lavado de dinero y colaboración con los cárteles de la droga.
Javier Duarte, capturado en Guatemala el sábado, durante seis meses burló a autoridades mexicanas tras haber sido acusado de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Si un gobernador puede apoyar al crimen organizado sin que la autoridad federal lo detecte, sólo deja mal paradas a las corporaciones de inteligencia, sea por su ineficiencia para descubrirlo o por un eventual encubrimiento.
Si funcionarios de alto nivel de cualquier gobierno veracruzano transportan 25 millones de pesos en efectivo y son señalados durante meses de crear empresas fachada para el eventual desvío de recursos públicos, sin que ninguna corporación federal actúe, sólo puede revelar inoperancia o eventual complicidad.
Es poco verosímil la idea de que los malos manejos en la administración pública son el resultado de la acción de una persona. Para crear empresas fantasma, lavar dinero mal habido y apropiarse del gasto público se requiere de la imperiosa complicidad de una red, desde familiares hasta colaboradores cercanos.
Ahora que los ex mandatarios finalmente están detenidos, lo que venga tendrá que ser un juicio transparente y apegado al debido proceso en el que se demuestre, con evidencias, las tropelías de los ex funcionarios, con el fin de enviar un mensaje contundente de que no se tolerará el menor indicio de malos manejos del dinero público en cualquier nivel de gobierno.
La época de los políticos que llegan a altos cargos luego de una vida austera y que abandonan al poder en medio de lujos y de numerosas propiedades, debe concluir y ser sujetos de una escrupulosa investigación ante la menor sospecha de irregularidades en su gestión.
Todavía faltan más señales para saber si se está ante el fin de la impunidad —hay acciones contra otros ex funcionarios que aún deben cumplimentarse—, pues hasta ahora dos golondrinas no pueden hacer un verano.
