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Las leyes mexicanas garantizan que cada estado que forma parte de la República es soberano, autónomo y cuenta con independencia respecto de los demás. Estos atributos, llevados al extremo, han facilitado la proliferación de gobernadores y ex gobernadores que se recuerdan más por sus abusos de poder y del erario, que por su trabajo en la administración pública. Es la historia de corrupción e impunidad que no termina.
Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004, fue detenido en Florencia, Italia, el pasado 9 de abril. Desde hace tiempo sobre él pesan acusaciones de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque hasta ahora se logró su captura. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos lo señaló desde 2012, en pleno proceso electoral, como protector del cártel de Los Zetas mientras se mantuvo en el cargo, pero las autoridades nacionales e internacionales no habían dado con su paradero.
El descrédito del sistema de justicia mexicano, así como el uso político que se suele dar a las leyes en todos los niveles de gobierno, no solo lleva a preguntar sobre la demora en la captura de Yarrington, sino también si su proceso judicial trascenderá la captura y los tiempos electorales que vivimos. ¿Habrá en nuestro país consecuencias penales para este polémico personaje?
El ex gobernador de Tamaulipas es solo un ejemplo más de lo que se ha hecho cotidiano en nuestro país: para los gobernadores de los estados de la República las reglas, las instituciones y las leyes están para proteger inconfesables intereses particulares, no los de las mayorías. Aun cuando en campaña asumen compromisos fundamentales con el electorado, muchos de ellos terminan sus gestiones haciendo lo contrario a lo que ofrecieron.
La lista de ex gobernadores señalados por corrupción, desvíos de multimillonarias sumas de dinero, por haber llevado a cabo negocios ilícitos al amparo del poder y hasta de mantener vínculos con el crimen organizado es amplia, abarca a políticos de todos los colores partidistas. ¿Qué debe ocurrir para que la justicia alcance a todos, personajes vigentes y a quienes ya no están en el escenario nacional, pero cuyos crímenes permanecen en la memoria colectiva?
El federalismo es una virtud de nuestra democracia, sin la cual los estados del país no gozarían de la libertad que tienen para tomar sus propias decisiones en distintos rubros. No obstante, queda claro que muchos gobernadores han abusado de ello porque capturaron con sus actos, a espaldas de la ciudadanía, lo que a ésta pertenece. Es un pendiente que puede resolverse desde la voluntad política y el replanteamiento de nuestro pacto social. Así de sencillo.
