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La memoria política de una sociedad es básica en tanto que le permite recordar desde la experiencia lo que desea para sí misma. Cuando una comunidad aprende de las lecciones que le ofrecen sus aciertos y errores, procura tomar las mejores decisiones desde las urnas. Si ello no ocurre, se condena a padecer sus propios yerros porque otorga el poder sin reservas a quien le convenza en un momento dado.
Hilario Ramírez Villanueva, Layín, es el alcalde de San Blas, Nayarit, que ha estado envuelto en numerosas polémicas. La última, como da a conocer EL UNIVERSAL, son las irregularidades en el uso de recursos públicos durante sus dos gestiones, de 2008 a 2011 y de 2014 a 2017. Se calculan inconsistencias por más de 225 millones de pesos en esos periodos.
A pesar de ello, nada detiene a Layín. Es un alcalde que reconoció que roba, “pero poquito”. Un argumento insuficiente para procesarle por delitos de corrupción o uso indebido de recursos públicos. Es el mismo personaje que levantó la falda a su pareja de baile en su fastuosa fiesta de cumpleaños, una humillación que tampoco alcanzó para lograr su renuncia.
No ha bastado, asimismo, que regale dinero a manos llenas de manera poco transparente, más allá de si quienes lo reciben son personas de los distintos grupos sociales de su municipio o de personajes públicos de redes sociales de visibilidad nacional. Al parecer, el freno a Layín no existe y, con esa confianza, ahora busca ir por la gubernatura de Nayarit por la vía independiente.
El desprestigio a la clase política es claro, evidente y generalizado, así como la escasa participación ciudadana en asuntos públicos. El que un personaje como Hilario Ramírez aspire a gobernar su estado es recordatorio de la caducidad del sistema de representación política que impera en México y, al mismo tiempo, de la pobre memoria política y la pasividad cívica de nuestras sociedades.
La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son rasgos que deben manifestarse en el quehacer de los funcionarios públicos. A pesar de los grandes avances institucionales observados en leyes como las del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cierto es que las tentaciones de discrecionalidad, opacidad en el uso de recursos públicos, así como el desdén hacia la participación ciudadana siguen ahí.
La corrupción y abusos de la clase política no desaparecerán por decreto, por el surgimiento de nuevas leyes que aspiren a acotar estos males. El antídoto a ello es una ciudadanía demandante, participativa, que recupera su memoria política para efectivamente definir su propio destino en la práctica cívica. De lo contrario, personajes como Layín seguirán alcanzando el poder sin ningún rubor por lo que hayan hecho en el pasado.
