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La decisión adoptada por el Instituto Nacional Electoral, de sumarse a la austeridad nacional con una reducción de salarios tendrá que esperar. La propuesta de disminuir 10% el sueldo de los consejeros electorales e integrantes de la Junta General Ejecutiva fue frenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “por ser contraria a la legalidad”.
A principios de enero, después de las protestas por el alza en los combustibles, se firmó el Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección federal. En ese momento se conoció que a los mandos superiores de dependencias federales se les reduciría 10% sus ingresos.
Una decisión similar fue anunciada por distintos funcionarios federales y de gobiernos estatales.
¿También quedará sin efecto la disminución prometida? La medida que anunció el Poder Ejecutivo ¿era de origen contraria a la ley?
La gran brecha salarial que existe en la población —24 millones de personas perciben un salario de 5 mil pesos al mes, mientras la alta burocracia goza de supersueldos y privilegios— parece tener ahora carácter “legal”.
Pero al mismo tiempo que el artículo 127 de la Constitución señala que los servidores públicos no pueden renunciar a la remuneración a la que tienen derecho y el artículo 123 menciona que el sueldo de los trabajadores de los Poderes de la Unión “serán fijados en los presupuestos respectivos sin que puedan ser disminuidos durante la vigencia de éstos”, el mismo artículo establece que los salarios mínimos generales deberán “ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Entonces ¿podrá un trabajador impugnar el salario mínimo que recibe por no ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia? Si la ley se aplica en el primer caso, también tendría que aplicar para los que menos ganan... Y existe una forma de que se cumpla: el Coneval ha establecido la línea mínima de bienestar.
En la resolución del Trife hay, sin embargo, una sombra, pues EL UNIVERSAL ha informado que los magistrados del tribunal dan vuelta a la ley para adquirir vehículos con valor superior a los que marca la normatividad. En el fallo respecto a la disminución salarial ahora sí se observó sujeción a la ley.
En la discusión de los supersueldos se han escuchado varias voces, pero todavía faltan las más importantes: las de los partidos políticos y de sus legisladores, que son los que podrían modificar de una vez por todas los privilegios de unos cuantos.
