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Nuestra democracia está en desarrollo, a pesar de lo cual ha logrado avances institucionales importantes en los últimos años. La creación de organismos orientados a la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, así como la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, son algunos ejemplos que así lo demuestran. Entre ellos destaca el sistema de justicia penal acusatorio, en cuanto que representa un parteaguas en materia judicial en México.
Abundan las cifras que señalan que el nuestro es de los países con mayores índices de impunidad. Los delitos que se cometen se denuncian poco y los que se castigan son muchos menos. Al respecto, a ocho meses de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, la experiencia demuestra que la capacidad de investigación del Estado mexicano es precaria, según afirmó el procurador General de la República, Raúl Cervantes, en un encuentro sostenido con colaboradores de EL UNIVERSAL.
Está claro que la Procuraduría General de la República (PGR), y el sistema de justicia en su conjunto, requieren una reconfiguración profunda. El Poder Judicial es el más opaco en nuestro país y ha hecho que la ley esté al alcance únicamente de quien puede pagarla. Es decir, existe una necesidad evidente de poner atención sobre lo que está ocurriendo en las instituciones encargadas de impartir justicia, de tal modo que garanticen igualdad ante la ley.
La implementación del nuevo sistema de justicia es una coyuntura oportuna para discutir abiertamente sobre cómo se imparte justicia en México y las capacidades institucionales asociadas a esta tarea. Por ejemplo, la PGR de forma cotidiana ha centrado sus esfuerzos en resolver los asuntos mediáticos o los temas más visibles, pero también se encuentra rebasada por el volumen de casos que tiene pendientes.
La única vía para cambiar esta situación es promover y aprobar una serie de reformas que reconfiguren los marcos institucionales para que la PGR y los organismos de impartición de justicia sean eficaces. Hay ejemplos cercanos de instituciones de justicia funcionales, autónomas que resisten a los intereses políticos, como en Estados Unidos, donde los fiscales son elegidos por medio del voto popular y no designados por un grupo de funcionarios.
México necesita que los casos judiciales se resuelvan como lo marca la ley y no solo en función de su relevancia mediática. La PGR es la institución de justicia más importante en su especialidad, pero el sistema de justicia es mucho más complejo y requiere una revisión a fondo en sus instituciones, para que garanticen justicia e igualdad ante la ley. Es una tarea que jueces, legisladores y funcionarios públicos no pueden dejar pasar.
