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La historia siempre pareció inverosímil: tres mujeres indígenas secuestran a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, y por ese motivo son condenadas a pasar más de 20 años en prisión cada una.
La presión de medios de comunicación y de organizaciones sociales lograron que el caso fuera revisado y que ellas hayan obtenido su libertad.
Once años después de los hechos, el Estado mexicano les ofrece una disculpa pública. ¿Un hecho tardío? Desde luego. Pero peor pudo haber sido que nunca se diera.
El caso marca un hito por ser la primera disculpa pública que ordena un tribunal mexicano, ya que casos anteriores fueron ordenados por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas en 2006. Rindieron su declaración sin la asistencia de un intérprete y fueron sentenciadas a pasar más de 21 años en prisión.
Mientras la población está acostumbrada a ver la lentitud con que se aplica la justicia, la celeridad que se dio en ese proceso sorprendió a grupos de derechos humanos que acudieron en defensa de las “delincuentes”, y el tiempo les dio la razón.
Nadie puede decir que la triple discriminación sufrida (por ser mujeres, por ser indígenas y por pertenecer a un grupo marginado) esté erradicada en la actualidad; es urgente modificar la percepción de que la justicia es parcial. Uno de los reclamos que se escucharon ayer en el acto celebrado en el Museo de Antropología fue en ese sentido: Teresa hizo una petición clara para “que algo así no vuelva a suceder, que no se fabriquen pruebas, ni que más personas permanezcan de manera injusta en la cárcel por delitos que no cometieron”.
Sólo los hechos ayudarán a que cambie el punto de vista de la población.
El reconocimiento de la autoridad de que el proceso estuvo lleno de irregularidades, sólo reitera la necesidad de que el país cuente con una justicia efectiva y no ligada a intereses o a la mentira. La puesta en marcha del sistema de justicia penal acusatorio, el año pasado, va en esa dirección, pero no garantiza de manera completa que no vuelvan a presentarse irregularidades como la fabricación de delitos. En el caso de las tres indígenas, La falta de presunción de inocencia y la rapidez que se dio al proceso sólo contribuyeron a poner en duda la independencia del Poder Judicial. Hasta ahora parece que la imparcialidad sólo se encuentra en los más altos tribunales, pero no en las primeras instancias, a donde llega el ciudadano común.
Que la disculpa pública que se dio ayer sea el principio de un cambio en el sistema judicial mexicano.
