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El vínculo entre corrupción y desigualdad es íntimo, puesto que son dos fenómenos que se retroalimentan continuamente. La corrupción provoca desigualdad en la medida en que se capturan los recursos públicos para satisfacer fines privados. A su vez, la desigualdad desemboca en corrupción porque suele resguardar los privilegios de unos pocos en detrimento de las mayorías.
México es el país más corrupto y el segundo más desigual entre los que pertenecen a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Entre sus ciudadanos se cuentan a varias de las personas más ricas del mundo y, en contraste, a cerca de 60 millones de pobres. Mientras el sueldo mensual de 24 millones de mexicanos es de 5 mil pesos, desde el poder político parecen apostar por mantener prerrogativas, aunque ello implique desigualdad.
A la insensibilidad financiera de los partidos políticos en tiempos de austeridad y a la negativa de los magistrados electorales a reducir su descomunal salario se suman los diputados federales. Contrario a las condiciones y trámites a los que se enfrenta la ciudadanía al buscar conseguir y pagar créditos, la Cámara de Diputados ha fungido durante 2016 como una especie de banco para los legisladores.
Como publica hoy EL UNIVERSAL, los diputados federales disponen de un esquema de préstamos por medio del cual pueden adelantar sus pagos si así lo solicitan. Es una modalidad crediticia para políticos que cobran cerca de 150 mil pesos mensuales y que, además, les ofrece tasas de interés más bajas que las que se pueden encontrar en el mercado.
¿Por qué 61 diputados federales, con el dinero que ganan cada mes, pidieron adelantos de su salario al empleador? ¿Por qué se niega la Cámara de Diputados a revelar sus nombres? Son preguntas que deben ser contestadas, ya que es el erario lo que va de por medio. El hecho retrata una brecha más que existe entre políticos y sociedad: quienes ostentan el poder público delinean reglas económicas que les favorecen exclusivamente, mientras los mexicanos comunes no tienen acceso a esas facilidades.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) debe conocer lo que ocurre: ¿está autorizada la Cámara para otorgar préstamos? La Ley Orgánica del Congreso no prevé algún apartado que los valide. Asimismo, las comisiones Permanente y de Administración de la Cámara de Diputados deben una explicación amplia a los mexicanos.
Hay que ejercitar la memoria histórica nacional: que no se olvide que al finalizar su encomienda muchos legisladores van en busca del voto popular para acceder a nuevos cargos de elección. Serán los mismos que hoy prefieren cuidar sus prebendas. Los mexicanos deberán permanecer atentos.
