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En materia salarial en el país hay diferencias abismales que deberían preocupar.
Más de 24 millones de personas perciben cada una un ingreso anual que equivale a poco menos de 60 mil pesos, mientras una pequeña clase privilegiada compuesta por siete personas tiene sueldos y prestaciones anuales 75 veces mayores, que suman para cada una 4.5 millones de pesos netos al año.
EL UNIVERSAL presenta hoy las dos caras de la moneda: historias de aquellos que sobreviven con menos de 5 mil pesos al mes y que reconocen que apenas les alcanza “para comer y para medio vestir” (sin olvidar que hay millones de personas que ganan menos que eso).
Y, por otro lado, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tienen percepciones por arriba de las del Presidente de la República, a pesar de que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que ningún funcionario de las instituciones públicas obligadas por la norma podrá tener un salario que sea superior al del jefe del Poder Ejecutivo, que para este 2017 será de 2.24 millones de pesos, la mitad de lo que recibirán los magistrados.
La solución debe pasar por reducir esa enorme brecha que comenzó a formarse desde aquellas crisis de la década de los 80, época de índices inflacionarios de dos y tres dígitos que se contuvo por medio de pactos en los que uno de los factores que más se oprimió fue el salario de los trabajadores.
En el artículo 123 de la Constitución se establece que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural. En la actualidad eso no se cumple.
Elevar las condiciones salariales de aquellos que reciben el mínimo depende en gran medida de la autoridad gubernamental. El incremento que se dio para este 2017 incluyó un Monto Independiente de Remuneración, que expertos consideraron un primer paso para la recuperación del poder adquisitivo, pero queda lejos de la línea de bienestar que fija el Coneval. Los bajos salarios en México han sido utilizados como forma de competitividad global, una estrategia que diversos analistas han propuesto modificar para elevar el nivel de vida de la población.
En el caso de los magistrados, el ajuste debería ser una actitud que adopten de manera consciente y comprometida con la austeridad oficial que se ha planteado ante la incertidumbre económica que generó la llegada de un nuevo gobierno a la Casa Blanca. O al menos debería ser una actitud que adopten si buscan estar acordes —como garantes de la justicia que son— con lo que marca la ley.
