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Que una persona se transporte en un vehículo cuyo costo promedio es de 900 mil pesos es un lujo, sin embargo cuando ese traslado le sale gratis al usuario porque el costo se carga a los bolsillos de la población, entonces adquiere otro concepto. Peor aún si la ley marca que no se pueden adquirir vehículos de ese precio, pero se encuentra la forma de darle la vuelta a la normatividad para lograrlo.
La información en ese sentido que hoy presenta EL UNIVERSAL alude a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ley, como “apoyo” a su cargo, pueden adquirir un vehículo cuyo costo oscile entre 300 mil y 600 mil pesos. Las normas están vigentes desde 2012 y los funcionarios —que tomaron posesión del puesto en noviembre pasado— las ratificaron.
A pesar de lo anterior, adquirieron cinco camionetas, cuyo costo va de los 679 mil a poco más del millón de pesos. ¿Incurrieron en una ilegalidad? Estrictamente no. La vuelta a la ley se da de manera fácil: se argumenta que las adquisiciones simplemente no son como “apoyo” a su cargo, aunque en los hechos lo sea.
Mucho se ha dicho, de manera interna y desde el exterior, que uno de los principales problemas del país es la falta de un Estado de derecho. Las leyes mexicanas dibujan una situación ideal, pero de poco sirven, pues se quedan en el limbo; no se cumplen.
El ejemplo no puede ser mejor. La ley, en este caso, marca límites para la compra de autos de uso personal, pero la realidad es otra. Lo grave viene cuando no hay ninguna sanción por ello. ¿Qué explicación escucharemos de los funcionarios?
Situaciones parecidas a esa las conoce bien la Auditoría Superior de la Federación que, el miércoles pasado, como cada año, presentó los resultados de la revisión a la Cuenta Pública, en esta ocasión la correspondiente a 2015. El informe va en el sentido de lo que ha prevalecido desde su creación: “posibles daños al erario”, esta vez por 165 mil millones de pesos, consecuencia de inconsistencias entre resultados esperados y obtenidos, discrecionalidad en la toma de decisiones, archivos públicos deficientes, información financiera y vulnerabilidad en las finanzas públicas.
Vehículos de lujo no son exclusivos del Tribunal, al contrario, es lo más frecuente entre los altos funcionarios de distintos niveles de gobierno y de los poderes de la Unión.
Son ellos los primeros que deben cumplir la ley y hacer un uso racional del gasto, aunque noticias como la de hoy o los informes de la ASF nos hacen pensar lo opuesto.
En noticias como la conocida el lamentable mensaje que envían es: la ley es lo que menos importa.
