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Ante los complejos retos que enfrentamos, la clase política debe sellar con hechos su interés por estar a la par de todos los mexicanos. No obstante, los servidores e instituciones públicas que han tomado medidas de austeridad para reducir el gasto contrastan con aquellos que se manifiestan por preservar sus privilegios económicos. Es decir, las condiciones financieras que exigen a los ciudadanos ajustar sus presupuestos no es materia de interés para todos los servidores públicos de alto nivel.
A pesar de que el año pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) adquirió vehículos de lujo, ahora la presidenta de ese organismo, Janine Madeline Otálora Malassis, descarta implementar medidas de austeridad que afecten las percepciones de los magistrados. En otras palabras, como publica EL UNIVERSAL, en el TEPJF las medidas de austeridad se darán en rubros no especificados hasta ahora, pero los salarios de los jueces se mantendrán intocables, a pesar del exhorto presidencial de hace unas semanas.
¿Por qué no modificar las altas percepciones que reciben los magistrados del TEPJF y enviar una señal de sensibilidad y solidaridad con los mexicanos? Los funcionarios de alto nivel pueden invocar a la ley como el instrumento garante de sus salarios, pero lo cierto es que también evidencian las razones por las que la ciudadanía repudia al grueso de las instituciones públicas y a sus integrantes.
El salario de un magistrado del TEPJF es de 380 mil 406 pesos netos por mes, a lo que hay que sumar gratificaciones anuales. Si trabajan veinte días al mes, ganan 19 mil 20 pesos netos por día. Si su jornada laboral es diez horas, por cada una de ellas se embolsan mil 902 pesos. El salario mínimo en nuestro país es de 80 pesos con cuatro centavos en un día y es casi 24 veces menor al de cualquiera de los siete magistrados del Tribunal.
No se trata de que los servidores públicos de alto nivel dejen de percibir lo que justamente generan como el fruto de su trabajo. La cuestión es que parece que dichos servidores públicos viven instalados en una lógica ajena a la dura realidad que millones de mexicanos enfrentan actualmente. Adquirir vehículos de lujo en tiempos de crisis o negarse de tajo a reducir un salario único en el país es muestra, por lo menos, del distanciamiento de las necesidades de los demás.
En este momento, al igual que los partidos políticos y los servidores públicos de alto nivel, los magistrados del Tribunal pueden enviar señales de solidaridad a una ciudadanía desdeñada por las burocracias públicas, a la que se le ha confiscado injustamente lo que es de todos, que mira cómo el erario sí alcanza para pocos. La democracia no es un botín. Tienen oportunidad de demostrarlo.
