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No es de extrañar que el mal humor social impere en el país. El obscuro panorama económico en la nación, así como las diversas muestras de inoperatividad e insensibilidad gubernamental abonan a este sentimiento. A pesar de ello, nunca el encono ha justificado el atropello del derecho ajeno y ésta no debe ser la ocasión.
La jornada de temor e incertidumbre que muchos ciudadanos vivieron en diversos estados de la República por los saqueos a múltiples establecimientos es un ejemplo deleznable de ello, mismo que nunca más debería repetirse.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo contabiliza cerca de 800 establecimientos vandalizados en todo el país, cifra que podría aumentar; sólo en la Ciudad de México alrededor de 20 mil establecimientos cerraron por temor a ser saqueados. Estos actos de rapiña y robo no hacen más que dejar dos cosas claras: el enojo de un amplio sector de la población, que observa cómo las políticas públicas discutidas y aprobadas no repercuten en un mejoramiento de sus condiciones de vida —sino por el contrario, afectan cada vez más profundamente su bolsillo—; y la falta de capacidad del gobierno para garantizar el orden en medio de protestas que devienen en vandalismo.
Las diversas convocatorias para saquear sucursales de grandes cadenas comerciales ponen el acento en la desigualdad social; estos individuos quizá ven representados en los establecimientos contra los que arremeten a grandes poderes económicos, culpables, según ellos, de la situación de precariedad en la que se encuentran. Desde esta lógica es que hurtar y destrozar se convierten en actos legítimos para los inconformes.
Sin duda, algunos delincuentes vieron en las manifestaciones y en la molestia generalizada el marco perfecto para delinquir. Y es por esto, sin embargo, que las investigaciones para deslindar responsabilidades deben llevarse a cabo de una manera totalmente transparente, para no hacer de estos eventos una excusa que, en última instancia, criminalice o persiga a manifestantes que en pleno uso de su derecho, salen a las calles para mostrar su repudio a políticas que consideran injustas.
Toda expresión de disentimiento abona al debate y debe ser bien acogida siempre y cuando se lleve a cabo por vías pacíficas que no vulneren a terceros. Si esa línea es transgredida el Estado debe actuar para salvaguardar la integridad y el patrimonio de la ciudadanía. El enojo, principalmente por el alza a las gasolinas, es de la mayoría, pero la forma de expresarlo no es, ni ha de ser nunca, violentar el derecho de otros.
