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En los próximos días la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estrenará sede. El nuevo inmueble —que cuenta con siete niveles de oficinas, cinco niveles de estacionamiento, una planta baja, un sótano y tendrá 64 mil 535 metros cuadrados— tuvo un costo para el erario de 995 millones 400 mil 937 pesos y dará cabida a los más de 2 mil 500 empleados que integran a la ASF.
Desde mayo de 2014 el titular de la dependencia, Juan Manuel Portal, anunció en entrevista con EL UNIVERSAL la construcción de este nuevo edificio, que costaría, dijo, entre 900 y mil millones de pesos.
En contraste con este fuerte dispendio de recursos públicos, el jueves pasado la ASF lanzó un plan de austeridad para ahorrar 50 millones de pesos, equivalentes a 2.2% de su presupuesto para 2017 que asciende a 2 mil 275 millones 766 mil 700 pesos; ahorro que, según la ASF, será reintegrado de manera transparente a la Tesorería de la Federación.
En el marco de este plan de ahorro, en un gesto que podría interpretarse como un intento de compensación a la sociedad, la ASF anunció que no subirá los sueldos del personal medio y superior, que los directores de la institución no contarán con vehículo asignado ni vales de gasolina, que reducirá en 50% los gastos de difusión y que no se gastará en estudios contratados con externos.
La justificación de la ASF para construir un nuevo edificio —que los dos mil 500 empleados que tiene la Auditoría están hoy repartidos en cinco diferentes sedes y la logística y reuniones se complican— parece razonable, pero en tiempos de incertidumbre económica, de desprestigio de las instituciones públicas y al tratarse del ente fiscalizador nacional, que debiera ser el ejemplo en el uso de los recursos, surge la interrogante de si un gasto de tal magnitud era necesario e inevitable. Y la respuesta es no.
A mediados del año pasado, el INE anunció que construiría una nueva sede, proyectada a estrenarse en 2020. Sin embargo, el pasado 11 de enero —luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer, el 2 del mismo, que los consejeros del organismo se autoasignaron un bono que junto a sus percepciones del mes sumó 650 mil 208 pesos, y en medio del fuerte descontento social por la vulneración a la economía familiar que significó el gasolinazo— en el ente electoral acordaron cancelar la construcción de su nueva sede. Otros casos de obras públicas escandalosas sobran, como la construcción de la nueva sede del Senado o la Estela de Luz, que llegaron a costar 146% y 192% más, respectivamente, de lo inicialmente presupuestado.
México no pasa por sus mejores tiempos políticos y económicos, por lo que vendría bien que nuestros funcionarios evaluarán a conciencia en qué se gasta cada peso del presupuesto. Puede entenderse que, para tener una mejor operación, la ASF haya proyectado y construido este inmueble. Pero no parece razonable ni republicano que tengan que gastarse tales cantidades millonarias en oficinas. ¿Cuándo se dará el ejemplo?
