Más Información
La percepción de inseguridad en el país va en aumento. En diciembre de 2016 alcanzó un máximo histórico de 74% de mayores de 18 años que consideran que vivir en su ciudad es inseguro, de acuerdo con datos del Inegi. Tres hechos ocurridos esta semana en días consecutivos sólo sirven para corroborar que lo que la población percibe tiene bases en la realidad. El lunes fue Playa del Carmen; el martes, Cancún, y el miércoles la escena de violencia se dio en Monterrey, pero igual se podría vivir en cualquier otra ciudad mexicana.
En los tres sucesos destaca la presencia de armas de fuego. El país lleva años con acceso a armas que ingresan de manera ilegal; en golpes a los grupos del crimen organizado es común el decomiso de armamento de uso exclusivo del Ejército y, en ocasiones, con mayor poder de fuego que las de la milicia mexicana. El fallido operativo Rápido y Furioso (que permitió el contrabando ilegal “vigilado” de unas 2 mil armas desde Estados Unidos a México, a las cuales luego se les perdió la pista) es una muestra más del crecimiento del mercado negro en el país.
Otro dato que preocupa es el que hoy presenta este diario. Entre 2006 y 2016, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal detuvieron a 4 mil 533 menores de edad por posesión de armas cortas y largas. Buena parte de los adolescentes estaban implicados en la comisión de algún otro delito como secuestro, robo u homicidio.
Lo ocurrido hace 48 horas en una escuela de Monterrey obedece a muchos factores, pero si el acceso a las armas fuera nulo, probablemente no estaríamos hablando de una tragedia. La disponibilidad de armas ilegales debe representar uno de los objetivos clave si se quiere abatir el crimen y la inseguridad.
Hay, sin embargo, otro factor determinante para poder eliminar la violencia: la cooperación con Estados Unidos. Desafortunadamente el inicio hoy de una nueva administración no vaticina los mejores tiempos para la colaboración; sin el apoyo de la parte estadounidense difícilmente cambiará el ingreso de armas desde esa nación. Los estados que tienen límites fronterizos con México poseen un elevado número de armerías, se estima que son más de 8 mil 500, y desde allí se da el ingreso a territorio nacional.
Si para un adulto poseer un arma representa un riesgo, más lo es para un adolescente que, por su desarrollo y entorno familiar, enfrenta situaciones de inseguridad o desorientación emocional. Nunca debe llegar un arma a ellos, el desafío debe comenzar por frenar el mercado ilegal. Sería un buen principio.
