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El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una percepción anual bruta superior a los 4 millones de pesos, producto de su salario y prestaciones. Pero este 2017 recibirá alrededor de medio millón de pesos adicionales por concepto de “pago extraordinario anual unitario máximo”. Para pagar ese bono a mil 689 funcionarios de mando y operativo —la cifra individual dependerá del cargo— la CNDH dispondrá de 250 millones de pesos.
La austeridad que demandó el Ejecutivo federal hace unos días no está siendo puesta en práctica de igual manera en las distintas dependencias del Estado. A raíz de la solicitud presidencial, que se combina con un hartazgo ciudadano ante los privilegios de la clase política, el Instituto Nacional Electoral, gobernadores, Poder Judicial de la Federación e incluso la Cámara de Diputados anunciaron importantes ajustes en sus presupuestos, la cancelación de obras y la eliminación de gastos en celular, por ejemplo, para reducir sus gastos de operación. Alguna decisión en ese sentido se esperaría de la CNDH, donde aproximadamente 7 de cada 10 pesos se destinarán este año para el pago de servicios personales: sueldos, prestaciones y demás pagos a trabajadores.
Otro caso en el que se ha desdeñado la austeridad es en el Consejo de la Judicatura Federal —a pesar del anuncio de austeridad en otros organismos del Poder Judicial. La Judicatura comprometió el año pasado 2 mil 250 millones de pesos para obras que se ejecutarán en 2017. Uno de esos contratos, por 200 millones de pesos, ya está en marcha para construir el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano. Desde el CJF se dice que el contrato no se puede cancelar porque ya fue adjudicado y porque iría contra las obligaciones de impartición de justicia que marca el Nuevo Sistema de Justicia Penal. ¿Será necesario ejercer en este momento los 2 mil 250 millones para nuevas obras o convendrá hacer adecuaciones en los inmuebles ya existentes? Analizar esa alternativa sería conveniente.
La actual situación de menores recursos e incertidumbre económica debe ser un momento para que desde las dependencias del gobierno y desde los organismos autónomos se modifiquen perniciosas medidas de derroche o de construcción de obras que pueden tener una alternativa distinta.
Esta coyuntura debe ser un hito para reducir o desterrar los beneficios a los que tiene acceso una burocracia privilegiada, y que atentan contra la situación de millones de personas en el país. Como ejemplo baste mencionar que a quienes ganan el salario mínimo les tomaría alrededor de 10 años reunir la cantidad que el ómbudsman recibe en un mes. La exigencia de organismos ciudadanos de mayor transparencia y de reales acciones de austeridad han dado resultados en varias áreas. Si no es ahora, ¿cuándo?
