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El Congreso de la Unión y los congresos estatales son los responsables de crear las leyes de este país. Para su operación se asignan —ellos y sólo ellos— los recursos que consideran necesarios. Todos cuentan con remuneraciones generosas, además de numerosas prestaciones.
El pasado 15 de diciembre EL UNIVERSAL publicó que los diputados integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política ingresaron facturas para que se les repusiera el pago de todo tipo de gastos menores: chocolates, galletas, pasteles, hamburguesas, cafés e incluso chicles; pero también comidas de más de 10 mil pesos en restaurantes.
Y meses antes este diario publicó la serie llamada Los privilegios del poder, en la que realizó una radiografía del uso de los recursos en las legislaturas estatales. En esa revisión, se encontró, entre otros muchos datos, que edecanes y fotocopistas en el Congreso de Jalisco reciben remuneraciones de casi 30 mil pesos; en Michoacán, los legisladores gozan del beneficio de préstamos personales para comprar vehículos o pagar sus deudas de campaña; en Guerrero, que los diputados apenas cumplen con 20% de los requerimientos de la ley de transparencia.
El sentido común dictaría que ante el escenario de estrechez económica y de incrementos en los combustibles que afectan los bolsillos de la población desde este inicio de 2017, adoptaran acciones para eliminar gastos superfluos o recortar algunas de las prestaciones que tienen.
Sin embargo, los legisladores federales y muchos en los estados actúan de manera totalmente contraria.
En San Lázaro, apenas en diciembre pasado se avaló que aumentara para este año la partida de vales de gasolina en el Congreso; en lugar de los 7.7 millones de pesos que se erogaron en 2016, en 2017 se contará con 9.3 millones para los gastos de combustible de los diputados.
En los congresos estatales la situación es similar. En al menos 12 de ellos se otorgan bonos o vales para gasolina que van de los 3 mil a los 20 mil pesos mensuales que reciben los legisladores de Quintana Roo, quienes hasta hace unos días analizaban incrementar el monto a 40 mil.
El miércoles pasado el Instituto Nacional Electoral dio a conocer medidas de austeridad, una decisión que tuvo el reconomiento público. Varios gobernadores anunciaron también recortes en sus salarios, reducción del gasto oficial o disminución de impuestos. Los legisladores, en cambio, parecen no entender la situación que se vive. El Ejecutivo federal ha mencionado la necesidad de unidad, pero el mensaje parecen no haberlo entendido ni escuchado los legisladores.
