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Durante la campaña presidencial del entonces candidato Miguel de la Madrid, en 1982, y también a lo largo de su mandato, uno de los compromisos fue encabezar la renovación moral de la sociedad. Desde la perspectiva del fallecido ex presidente, la corrupción en el sector público es la forma más intolerable de inmoralidad social. Más de tres décadas han pasado y el país aún sigue en la búsqueda de mecanismos para evitar y sancionar las conductas inmorales y corruptas.
Uno de los ejemplos más recientes de conductas cuestionables ha sido el de los diputados. Mientras no fueron exhibidos se asignaban cada fin de año un bono secreto, adicional al aguinaldo. Tan pronto como EL UNIVERSAL dio a conocer a principios de este mes que en 2015 dicho bono fue de más de 300 mil pesos, varios legisladores salieron a defender, cada uno con argumentos diferentes, la legitimidad de la partida. Al final, se tomó la decisión de mantener en 2016 el bono a los diputados, pero “sólo por 150 mil pesos” y con la condición de transparentar en qué los gastarán.
Unos han dicho que lo destinarán al hospital de su comunidad, otros a pagar aguinaldos de sus colaboradores, otro lo dará como recompensa a quien proporcione informes de los atacantes de la senadora Ana Gabriela Guevara, decenas más solicitaron a la autoridad legislativa que no se les deposite y la mayoría ha guardado silencio.
Lo anterior sólo parece ratificar que las ocasiones en que se ha otorgado el recurso —algunos legisladores aseguran que es una “tradición” de al menos 15 años— su utilización fue totalmente discrecional. Ahora que se conoció de la bolsa extraordinaria que se asignan a fin de año, su filtro moral sólo alcanzó para reducir el monto del bono y exigir que se transparente la forma en que será ejercido.
La solución acordada no resuelve, sin embargo, el problema de fondo: el uso de recursos públicos para el beneficio de los legisladores y no para el beneficio colectivo.
México camina lento en materia del ejercicio correcto de los recursos públicos, en transparencia y en sanciones a quienes hagan mal uso del dinero asignado. A pesar de ello, la presión de grupos sociales sirve para que los temas no queden en el olvido.
Es alentador que al conocerse este tipo de noticias la sociedad muestre su hartazgo en internet, figuras del espectáculo las repudien en actos públicos e incluso el clero las considere “insultantes” para un país con millones de pobres.
El de los diputados es sólo un ejemplo de que el servicio público debe replantearse; este año desafortunadamente ha habido más casos de mal uso de recursos en gobiernos estatales. Conclusión: décadas después, la renovación moral, o como quiera llamársele, sigue siendo una asignatura pendiente en el país.
