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El cobro de impuestos es el medio principal de cualquier país para hacerse de recursos y destinarlos a ofrecer principalmente educación, salud y seguridad. Por medio de impuestos al consumo o a la renta los Estados obtienen ingresos para impulsar infraestructura básica e incluso para atender emergencias ante desastres naturales.
Sin embargo, la recaudación en el país no es la óptima. No siempre paga más impuestos quien más tiene. Entre las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene la peor recaudación como porcentaje del producto interno bruto.
El reto del Servicio de Administración Tributaria (la oficina recaudadora del país) es desarrollar un cobro de manera justa y que cada vez haya menos evasores. Ayer esta dependencia anunció que pondrá especial atención a uno de los grupos en el país en los que se hace un manejo discrecional de recursos: los legisladores.
Y es que los diputados reciben su dieta mensual, pero además obtienen ingresos adicionales por conceptos de Asistencia Legislativa, que equivale a 45 mil 786 pesos; Bono de Atención Ciudadana, por 28 mil 772 pesos, y además reciben depósitos equivalentes a viajar cada semana a su lugar de origen en avión, si éste se encuentra a más de 300 kilómetros de la ciudad de México.
Si no viajan cada semana a su lugar de origen y si no utilizan de manera completa los recursos adicionales para “asistencia legislativa”, ese dinero se va directamente a sus bolsillos, pues no tienen que comprobar que hayan utilizado ese ingreso para lo que está etiquetado.
Es ahí donde el SAT busca poner la lupa. En un documento que hoy presenta EL UNIVERSAL, el órgano recaudador informa a la Cámara Baja que a partir del próximo año los diputados tendrán que comprobar el gasto de todos los recursos que reciban como apoyos por el concepto de asistencia legislativa, y si no fueron utilizados deberán pagar el 35% correspondiente por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La medida, de acuerdo con la información, aplicará para todos los congresos del país, locales y federales, incluido el Senado.
Luego de que los legisladores de todo el país han gozado de privilegios en muchos ámbitos, parece que ahora terminará su inmunidad en temas fiscales. Que no se llamen perseguidos ni víctimas de una cacería de brujas fiscal. Se trata simplemente de cumplir con las obligaciones fiscales que cada ciudadano tiene y que ellos no tienen por qué ser la excepción. Ceñirse a la medida y transparentar la forma en que utilizan los recursos públicos no debe ser opción, sino obligación.
