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Corrupcion es el defecto que marca a la clase política mexicana a los ojos de la ciudadanía. La gente no cree en ningún proyecto o iniciativa gubernamental en la medida en que de entrada asume que el beneficio ulterior será siempre para el bolsillo del funcionario. Transparentar los bienes, ingresos e intereses de los políticos sin duda es la clave para terminar con ese lastre; el problema es encontrar un mecanismo que garantice un mínimo de certeza.
En mayo pasado una iniciativa ciudadana fue presentada al Senado. Creada por organizaciones civiles y grupos académicos, la 3de3 iba a ser incluida como obligatoria en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y consistía en que todos los representantes populares presentaran sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses y las hicieran públicas.
Los senadores impidieron la máxima publicidad de la 3de3, es decir, obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones, principalmente por oposición del PRI, PVEM. Se consideró entonces que el fracaso radicaba en la resistencia del partido en el gobierno. Sin embargo, incluso cuando ese mecanismo ha sido aplicado a cabalidad, los declarantes no han tenido que revelar los puntos más controversiales de sus ingresos.
La semana pasada este diario dio a conocer que el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, llevaba un estilo de vida que contrastaba con sus ingresos como líder del partido. La explicación del queretano fue que los recursos que le permitían ese status provenían también de su participación accionaria en empresas, cuyos montos de ganancias no estaban incluidos en su 3de3. El mecanismo no lo requiere.
Tomando estos elementos en consideración, quizá dar acceso público a la 3de3 no habría sido la solución que se esperaba a la corrupción, aunque sin duda habría ayudado. La razón por la que Anaya estuvo bajo escrutinio en primer lugar es porque hubo una declaración pública de bienes e ingresos que permitió contrastar entre ellos. Sin embargo, sabiendo las limitaciones, ¿qué hacer ahora que la 3de3 perdió lustre en corto tiempo?
No hay otra opción para despejar dudas de las declaraciones más que profundizar los requisitos de la 3de3 para que este tipo de huecos no den paso a suposiciones u ocultamientos.
Los políticos que se negaron a aprobar la máxima publicidad argumentaron riesgos a su seguridad y a la de sus familias. Dirán lo mismo respecto de cambios que permitan conocer montos específicos de sus ganancias. Sin embargo, es un precio que deben pagar a cambio de asumir un cargo público. Si no están dispuestos a afrontar las incomodidades de la publicidad de su vida privada, ¿por qué habríamos de creer que están dispuestos también a privilegiar el bien de la comunidad por encima del suyo y el de sus cercanos?
