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Todos los días millones de personas se trasladan, desde municipios cercanos, a la Ciudad de México para laborar o estudiar; muchos lo hacen en vehículos particulares, pero millones utilizan autobuses de transporte. Este último grupo se ha convertido en el blanco de la delincuencia. La comisión de un asalto a transporte ha sido bastante frecuente en los últimos meses.
Decenas de personas encerradas en un transporte en vías escasamente vigiladas y en la oscuridad (al amanecer para ir a su centro de trabajo y al anochecer, de regreso a casa) representan un atractivo para las bandas delictivas. Para los afectados el robo de un teléfono celular y de dinero en efectivo –el botín más usual– puede representar meses de trabajo esfumados en un par de minutos. Sufrirlo más de una vez lleva al hartazgo.
Ante los atracos se han puesto en marcha operativos de vigilancia, pero con escaso éxito. La persistencia de ilícitos ha originado otro fenómeno: la aparición de llamados “justicieros”, pasajeros armados que han enfrentado a delincuentes y en la mayoría han dado muerte a los agresores, aunque también hay registro de casos en los que el atracador ha sido golpeado y entregado a la autoridad policial.
En lo que va del año, 20 presuntos ladrones de transporte público han sido muertos por pasajeros, principalmente en municipios mexiquenses. En el caso más conocido un pasajero asesinó a cuatro presuntos asaltantes de un autobús que circulaba de Toluca a la Ciudad de México, pero en el más reciente, ocurrido esta semana, además de dos presuntos hampones muertos, una pasajera de 24 años de edad, con cuatro meses de embarazo, también perdió la vida al ser alcanzada por una bala. Ese es uno de los mayores riesgos cuando se ejerce la justicia por mano propia. Los inocentes pueden ser víctimas fatales. No debe ser una opción.
¿Qué hacer ante la inseguridad? Autoridades estatales pusieron en marcha la instalación de cámaras en unidades del transporte público. Actualmente sólo 10% cuenta con el dispositivo, pero estiman que el próximo año el total de los vehículos de transporte cuenten con cámaras de vigilancia y geolocalizadores. Aseguran que se ha inhibido el delito, pero reconocen un problema: si no hay denuncia ante el ministerio público no se podrá iniciar la averiguación.
Cualquier medida que se adopte debe considerar el trabajo conjunto en varias áreas desde agilizar las denuncias ante el Ministerio Público y los procesos judiciales, hasta operativos de vigilancia efectivos. Modificar la percepción ciudadana de que poco o nada se hace para abatir la seguridad no será fácil y no ocurrirá de la noche a la mañana.
