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La falta de libertad de expresión o imponerle excesivas limitaciones es siempre reflejo de sistemas autoritarios que no permiten el escrutinio o la crítica a sus acciones. En nuestra región —América Latina— es un derecho que con frecuencia se encuentra en la mira de grupos en el poder con el fin de coartarlo.
En México, la libertad de expresión se encuentra actualmente en riesgo debido a que un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —que será analizado la próxima semana— plantea modificar el derecho de réplica. La normatividad actual determina que toda persona podrá ejercer ese derecho ante aquella información “inexacta o falsa” y que le cause un agravio. El dictamen elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán plantea modificar la ley para eliminar los términos “inexacta o falsa”, y ahora cualquier persona que se sienta agraviada por la información que haya sido difundida en medios de comunicación podrá ejercer el derecho de réplica, e incluso iniciar un proceso judicial, sin importar si se trata de datos verídicos.
Impulsores del proyecto para modificar la ley señalan que hay medios que no respetan el derecho de réplica, por lo que el cambio obligaría a que se ejerciera de manera más efectiva. Si la ley actual establece lo conducente para ejercer el derecho de réplica a cabalidad ¿cuál es entonces la intención de modificarlo?
Seguramente desconocen casos que la Sociedad Interamericana de Prensa ha documentado, muchos de los cuales se presentan de manera casi cotidiana en Venezuela. Los ataques contra El Nacional han sido los más difundidos, pero el más reciente fue contra el diario El Nuevo País. Luego de publicar información sobre Petróleos de Venezuela, el propietario, periodistas y trabajadores de ese medio fueron demandados por la empresa estatal, que solicitó a la Corte que se le prohíba al periódico informar sobre la empresa.
Este año al diario Correo del Caroní, también venezolano, se le ordenó abstenerse de publicar informaciones sobre un caso de corrupción.
Un ejemplo más, ahora en Brasil: magistrados iniciaron 45 demandas contra periodistas de la Gazeta de Povo, pues se sintieron atacados en su honor, luego de que fueron publicadas las elevadas remuneraciones que reciben miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público en el estado de Paraná.
Lo mínimo que puede ocurrir en México, de aprobar la Corte el cambio, es que la clase política o grupos de poder inunden los medios de comunicación bajo formato de réplica, pero el mayor riesgo se da si decide actuar judicialmente por sentirse agraviada. El silencio amenazaría a periódicos, radio y televisión. No abramos puertas que por el momento están cerradas.
