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A mayor libertad de expresión en un país, mayor posibilidad de que la población de esa nación no caiga en la apatía, se involucre en asuntos de interés público y se genere un desarrollo social elevado. Como ejemplo de lo anterior baste citar a los cinco países que lideran la clasificación sobre libertad de prensa en el mundo, que emite la organización Reporteros sin Fronteras: Finlandia, Países Bajos, Noruega, Dinamarca y Nueva Zelanda. Para México, de acuerdo con el reporte, la situación es “difícil”.
Al “difícil” ambiente en materia de libertad de prensa que se vive en el país puede sumarse uno más: EL UNIVERSAL publica hoy que en la Suprema Corte de Justicia se discutirá un proyecto de sentencia en el que se resolverán acciones de inconstitucionalidad —iniciadas por PRD y Morena— contra la Ley sobre el Derecho de Réplica que, de ser aprobado en sus términos, pondrá en riesgo la libertad de expresión.
Una de esas acciones va contra el artículo 3 que dice: “Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un agravio”. El proyecto de sentencia prevé eliminar las palabras “inexacta o falsa”, por lo que cualquier persona con el sencillo hecho de sentirse agraviada por la información difundida en medios de comunicación podrá ejercer el derecho de réplica e incluso iniciar un proceso judicial sin importar si se trata de datos verídicos.
El proyecto de resolución, que para su aprobación requiere el voto de 8 de los 11 ministros de la Corte, abre la puerta, entonces, para la judicialización constante. ¿Qué pasará, por ejemplo, si un medio de comunicación difunde una nota sobre el consorcio X y éste emprende una demanda judicial contra el medio por sentirse agraviado? ¿Y si la misma práctica se repite cada vez que el medio difunda información sobre el mismo consorcio? El desgaste que signifique estar en litigio constante por causa de la información difundida, alentará a que los medios tomen la decisión de no publicar o transmitir más notas periodísticas del consorcio X, a pesar de que los fallos puedan ser favorables para quien informa.
¿Acaso para la prensa, la radio y la televisión no quedará más que la opción de difundir la información oficial con el fin de evitar los onerosos procesos judiciales que puedan iniciarse en su contra? ¿Dejarían de publicarse opciones periodísticas como el reportaje o el periodismo de investigación ante el riesgo de que los aludidos se sientan agraviados?
El futuro del proyecto de resolución va más allá del ámbito de los medios de comunicación, será clave en la consolidación de la libre expresión y, por tanto, en el desarrollo social del país.
