México ratificó ante el mundo la igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación; para que no hubiera duda, lo plasmó en su Constitución Política. Ahora diversas agencias internacionales, integrantes de la Organización de Naciones Unidas, están haciendo un llamado al Estado a que continúe fortaleciendo los esfuerzos para prevenir y erradicar la discriminación en contra de los integrantes de la comunidad lésbico-gay.
Según estadísticas de Conapred, siete de cada 10 personas heterosexuales admiten en México que los derechos de la comunidad lésbico-gay no son reconocidos como deberían y 52% señala que el principal problema que enfrentan es la discriminación.
¿Por qué entonces miles han rechazado en marchas la iniciativa de homologar el matrimonio sin importar la preferencia sexual? De acuerdo con una encuesta publicada hace tres meses por este diario, 49% está en contra de la propuesta, frente a 43% que está de acuerdo. Aun peor: 69% se niega a que la población homosexual tenga derecho de adopción.
Los organismos de la ONU condenaron las expresiones de odio e intolerancia hacia los grupos lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI) expresadas en las últimas semanas en el país, luego de que miles se manifestaron en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Pidieron además al Estado mexicano adoptar las leyes que garanticen el derecho de todos a la unión matrimonial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que México es el segundo país de Latinoamérica donde más crímenes de odio se registran, sólo por debajo de Brasil y a la par de Colombia. No se especifica motivo del odio, pero otra cifra ofrece pistas: la segunda razón que más esgrimen los connacionales solicitantes de asilo en Estados Unidos es la amenaza a su vida por motivo de orientación sexual.
Es paradójico. Entre los mexicanos hay al mismo tiempo un reconocimiento del problema, mientras que permanece la resistencia a tratar a los homosexuales como personas con igualdad de derechos.
No hay un solo dato científico que respalde la resistencia de la mayoría de los mexicanos a otorgar a los homosexuales los mismos derechos que a los demás. Ante la duda y la falta de información prevalece el prejuicio.
¿Cuánta distancia hay entre negar a una persona el derecho de vivir su sexualidad como le plazca, y quitarle la vida? Difícil medirlo. Lo cierto es que la semilla del odio en ambos casos parte del mismo principio, de la creencia ciega —sin fundamentos— de que al diferente debe tratársele diferente.
Un México justo en todos los ámbitos podrá llegar sólo hasta que admitamos también las diferencias en el ámbito del matrimonio igualitario.
