Hay forma de engañar a la gente con números. Algunos políticos han recurrido a esa estrategia ante el daño a su imagen que les hace la transparencia; eligen, por ejemplo, no reportar la frecuencia de algunos delitos para presentar sólo datos parciales y no ser exhibidos a la hora de contrastarse sus resultados con los de otras administraciones.
Por fortuna todavía existen herramientas de medición confiables, como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), del Inegi, cuya última edición —datos de 2015— se presentó ayer.
¿Cómo sabemos que el estudio es confiable? Por el profesionalismo que ha caracterizado al Inegi (hasta antes del escándalo sobre cómo quiere medir la pobreza); pero sobre todo porque desde que la encuesta se realiza, a partir de 2011, los resultados han sido abrumadores claros sobre la efectividad de los gobiernos en materia de seguridad, lo cual refuerza la calidad autónoma de los análisis del instituto.
Por ejemplo, mientras en el país los gobiernos estatales reportaron que durante 2015 los ciudadanos sólo presentaron un millón 511 mil denuncias, la encuesta dice que 3 millones 90 mil personas fueron quienes en realidad recurrieron a las autoridades. Es decir: o dos millones de personas mienten (quizá desconocen en qué consiste “presentar” una denuncia), o los burócratas del sistema de justicia no están registrando —o rechazan— a dos de cada tres personas que piden auxilio estatal.
En cualquier muestra estadística hay un margen de error y la Envipe no es una excepción. Sin embargo, una diferencia tan marcada entre denuncias reportadas por autoridades y la percepción de las personas, en el mejor de los casos, refleja una desconfianza casi absoluta en la capacidad de respuesta de los gobiernos ante la inseguridad.
El cálculo del Inegi, con base en la encuesta, es que en 2015 ocurrieron 29 millones de delitos, de los cuales 26 millones no fueron denunciados. ¡29 millones! Casi uno por cada cuatro habitantes del país. No hay forma de que esa percepción se deba a pura psicosis colectiva. Los gobiernos estatales y la administración federal no están resolviendo ni siquiera una parte significativa del problema.
¿Qué tanto esta tragedia afecta a los mexicanos? Sólo una muestra: de acuerdo con la encuesta, los ciudadanos invirtieron el año pasado 77 mil 901 millones de pesos para instalar medidas de protección en sus hogares; 14 mil millones más que en 2014. El mayor incremento desde 2011.
Así como en protección personal, la inseguridad afecta en todos los demás aspectos de la vida de las personas. Un país próspero, desarrollado, no puede tener estas cifras.
