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En México parece que se está haciendo costumbre inaugurar obras que al poco tiempo tendrán que cerrar o iniciar una ilógica etapa de remodelación. Hay ejemplos de hospitales que entran en funciones durante la visita del funcionario federal o estatal y meses después los medios de comunicación dan a conocer que ese sitio se encuentra con carencias o en el abandono. Un caso paradigmático fue la inauguración de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que a los pocos meses de haber entrado en funciones tuvo que cerrar durante más de un año para hacerle correcciones y mantenimiento mayor.
Casos como los anteriores llevan a suponer que únicamente se quería poner en marcha las obras para la foto de lucimiento de funcionarios o que, de plano, hubo errores en los proyectos, tan graves, que no resistieron el uso más allá de unos meses.
Una situación similar la está viviendo la Plataforma Nacional de Transparencia, ese ambicioso proyecto que prevé que casi 8 mil instancias públicas de las 32 entidades, incluidos organismos autónomos, estén interconectados para responder a las solicitudes de transparencia de la población y a la protección de datos personales “de manera más sencilla”. El pasado 5 de mayo entró en funcionamiento sólo para que 21 días después, la Plataforma tuviera que ser “bajada”, debido al cúmulo de errores que se presentaban. Han pasado casi cuatro meses y aún no hay señales de que se restablezca.
¿Acaso no se hicieron pruebas previas a la plataforma?, pues desde el primer día surgieron los señalamientos de “incidencias”. ¿Es ese el control de calidad que impera en las obras que contratan las instancias públicas?
Las solicitudes de transparencia se siguen tramitando como antes del 5 de mayo —en cada portal estatal o de las dependencias—, a pesar de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información ya erogó más de 9 millones de pesos para pagar a la empresa que diseñó el programa con el que tendría que quedar lista la Plataforma. Para la segunda etapa el Inai prevé destinar más de 10 millones de pesos a otra compañía que tendrá a su cargo la segunda fase. Este es uno de los puntos más criticados por los expertos ¿por qué una segunda empresa debe encargarse de la implementación de un programa concebido por una compañía distinta?
Un mecanismo que debe ser fundamental para reducir la brecha de desconfianza entre políticos y sociedad empezó mal. El Inai y los actores involucrados están a tiempo de enmendar los errores de cara a la ciudadanía para atajar señales de duda y sospecha. Una explicación detallada y transparente de lo ocurrido es lo que espera la ciudadanía.
