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El respeto a los derechos humanos se ha convertido en la piedra en el zapato de diversas instancias del gobierno federal en los últimos meses, pero ayer se tomó una decisión que debe abonar a la idea de que si ha habido errores, se ha optado ahora por transitar la ruta para enmendarlos. El alto mando de la Policía Federal fue removido del cargo con el fin de “facilitar que las autoridades correspondientes realicen una investigación ágil y transparente, de cara a la ciudadanía”.
La investigación aludida es la que recomendó el pasado 18 de agosto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al presentar el resultado de sus pesquisas sobre los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015, cuando un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos integrantes de la delincuencia organizada dejó 42 presuntos criminales muertos y un efectivo policiaco caído.
La desigual cifra de bajas en el enfrentamiento desató señalamientos de uso excesivo de la fuerza de la corporación policiaca. El informe de la CNDH determinó que 22 de los delincuentes fueron ejecutados, a pesar de que ya estaban sometidos. La respuesta de la Comisión Nacional de Seguridad fue que los efectivos federales actuaron en legítima defensa, pero aceptó las recomendaciones, ofreció investigar y aseguró que si algún elemento había cometido algún delito, sería castigado.
Las indagatorias internas no habrían generado la confianza de imparcialidad que requiere este caso, si la cabeza de la corporación se hubiera mantenido al frente. La remoción fue acertada, pues el cambio de mando abre la oportunidad de que se investiguen a fondo los señalamientos de la CNDH y de que se ahonde en la capacitación de agentes en materia de derechos humanos.
La conclusión de que los elementos policiacos pudieron haber incurrido en violaciones a derechos humanos debe entenderse como una exigencia de lo que busca este país y de lo que más han demandado diversas organizaciones nacionales y extranjeras: la prevalencia del Estado de derecho. Para muchos es difícil entender que aún en medio de choques con la criminalidad y en el trato a delincuentes lo que debe dominar es el respeto a sus vidas y a ofrecer un trato digno. Parece que costará trabajo acostumbrarse a que ahora todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
En conclusión, luego de actuaciones rodeadas de polémica, como las de Apatzingán o Nochixtlán, el relevo en la Policía Federal debe dar como resultado una institución de seguridad que no esté nuevamente bajo la sombra de la duda o de cuestionamientos por no respetar la ley.
