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Hace dos años, cuando un cúmulo de reformas estructurales estaban siendo aprobadas, las calificadoras de riesgo —que aconsejan a los grandes capitales en qué empresas o países invertir— premiaron a la economía mexicana con el “grado de inversión” debido a las expectativas que originó la aprobación de la reforma energética y por el manejo cauteloso de las políticas fiscales y monetarias que durante años han contribuido a mantener bajos los déficit fiscales y la inflación, además de contener los niveles de las deudas fiscal y pública.
Apenas unos meses después, la situación es diferente por un dato que preocupa a las calificadoras: el ritmo de crecimiento de la deuda del país, que lo hace a una rapidez mayor que el de la economía. La consecuencia de ello no se ha hecho esperar y hace unos días Standard and Poor's modificó la perspectiva de la economía de “estable” a “negativa” y Moody's anunció que evaluará la política fiscal del país.
De acuerdo con información que publica hoy EL UNIVERSAL, en los dos últimos sexenios la deuda pública escaló en mayores proporciones. Los expertos ubican el problema en su justa dimensión: dicen que el nivel es alto, pero moderado, que es sostenible, que los niveles no son preocupantes, sin embargo coinciden en que se rompió con la tendencia del manejo adecuado que venía dándose en las finanzas, desde hace 20 años, cuando ocurrió la última crisis financiera en el país.
La deuda no es un tema exclusivo del el ámbito federal, a nivel local se está repitiendo la nociva práctica de gastar más de lo que se obtiene como ingreso desde la Secretaría de Hacienda. Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Veracruz, por ejemplo, tienen la mayor disparidad entre las participaciones que reciben y el monto de la deuda. Si la comparación se hace por el monto de deuda per cápita, Quintana Roo se ubica en primer sitio, seguido de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz. ¿Con qué autoridad moral se pedirá a esas entidades ajustar sus finanzas si en el gobierno central padecen de un problema similar?
Pueden no ser excesivos los niveles de la deuda de México como proporción del producto interno bruto, si se consulta el mismo dato en otras economías; precisamente por este motivo es el tiempo justo para tomar acciones y mandar señales de que se entendió el mensaje de las calificadoras. Uno de ellos debe reflejarse, en principio, en el envío al Congreso de la Unión, los primeros días de septiembre, de los criterios generales de política económica para 2017. No atender el llamado de atención significará echar por la borda 20 años de manejo económico responsable.
