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Ayer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) anunció la reestructuración de la prueba del desempeño docente, que este año será voluntaria para quienes busquen un cargo directivo, y sólo será obligatoria para 24 mil profesores que obtuvieron calificación insuficiente en la prueba de 2015 y para quienes deseen convertirse en evaluadores certificados.
En otras palabras, no habrá sanción jurídica ni obligación de hacer las pruebas este año para quien no desee hacerlo. Con esto sería satisfecha, al menos en parte, una de las demandas de la CNTE. En entrevista con EL UNIVERSAL, la titular del instituto de evaluación, Sylvia Schmelkes, dijo que este replanteamiento prueba que “sí escuchó a los docentes” que han manifestado inconformidad, aunque también aclaró que el beneficio no es para la Coordinadora solamente sino para todos los profesores.
La “relajación” de la prueba demuestra por un lado, que sí había margen de maniobra para cambios, contrario a quienes afirmaron en el pasado la imposibilidad de mejora en el proceso de evaluación educativa. Sin embargo, también se envía una señal de flexibilización a la disidencia magisterial, requisito fundamental para lograr cualquier acuerdo en una negociación. ¿Dónde está la disposición a ceder de parte de la CNTE? Si no la completa disolución de su movimiento, cuando menos se esperaría una muestra de buena voluntad terminando con los bloqueos que afectan a ciudadanos inocentes.
En cuanto al ámbito educativo, suavizar la evaluación a los maestros será una acción positiva siempre y cuando los profesores no eludan la obligación de mejorar su desempeño e indefinidamente pretendan evitar evaluarse. La calidad del servicio a las nuevas generaciones de estudiantes sigue siendo la prioridad, o debería serlo.
Debe quedar claro que, como afirmó la consejera Schmelkes, no se suspende la evaluación: en noviembre de 2016 habrá un examen de desempeño conforme está indicado en el calendario de 2016. No hay un cambio de la ley, el escrutinio al trabajo magisterial sigue siendo una obligación. Nadie puede estar en contra de ese principio.
Al mismo tiempo, este cambio de estrategia debe ser aprovechado por las autoridades para mejorar críticas justificadas a la evaluación, como el que dentro de la reforma educativa hace falta considerar las disparidades económicas y sociales en el país. No es igual un aula indígena en Oaxaca que una cátedra en la zona metropolitana de Nuevo León.
Toda negociación exitosa implica una cesión desde los dos lados de la mesa. Es turno de la CNTE.
