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Las marchas, bloqueos y movilizaciones que ha emprendido la CNTE para tratar de echar abajo la reforma educativa aprobada en este sexenio despertaron protestas en grupos que habían mantenido un bajo perfil. El principal ha sido el sector empresarial, que exigió una actuación urgente del gobierno federal contra los maestros disidentes que mantienen bloqueos en Oaxaca y Chiapas, alertó de un freno en las inversiones y amagó con dejar de pagar impuestos por las “pérdidas” sufridas a causa de la situación en esas entidades.
Hoy el secretario del Trabajo, en entrevista con EL UNIVERSAL, pide a la iniciativa privada no propiciar un aumento de tensiones con sus planteamientos y la exhorta a que se apegue a la ley.
¿Demandar la aplicación del Estado de derecho significa aumentar tensiones en el país? Lo que se ha hecho es expresar una situación, la afectación al derecho de movilidad y de tránsito, y exigir al Estado el apoyo para ejercerlo con libertad.
¿Advertir que no se pagarán impuestos es combatir la ilegalidad con la ilegalidad? El amago a incumplir las obligaciones fiscales por la afectación que dejan las movilizaciones de la CNTE tampoco puede ser la solución al problema, y se trata más bien, en los hechos, de un acto de rebelión, atenuante o no, originado quizá en la desesperación que viven comerciantes de las zonas afectadas.
Ambas partes están confrontadas. Hace unos días el Servicio de Administración Tributaria anunció que se analiza condonar algunos impuestos a comerciantes afectados por los bloqueos en carreteras del sur del país... y ayer la Confederación Patronal de la República Mexicana dio a conocer que analizan demandar al gobierno federal para exigir la reparación de los daños ocasionados por las movilizaciones de maestros disidentes en cuatro estados: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Según las primeras estimaciones de la Coparmex, la afectación puede llegar a los 115 mil millones de pesos.
La cifra equivale a casi tres veces los recursos asignados a la UNAM y representa casi la tercera parte de lo que ejerce este año la Secretaría de Educación Pública, la dependencia con mayores recursos del gobierno federal.
Si se trata de acatar el Estado de derecho y de hacer llamados a cumplir la ley, gobierno federal y empresarios deben ser los primeros en predicar con el ejemplo. Cierto es que hay omisión, porque se han permitido los bloqueos carreteros. También es cierto que decidir de manera unilateral no pagar impuestos va contra la ley. No conviene al país un nuevo frente de conflicto, ahora entre gobierno e IP, pero tampoco sería válido tomar como pretexto la pugna por la reforma educativa para intentar buscar un beneficio económico extra.
