A partir del 1 de julio entraron en vigor nuevas disposiciones para la verificación de autos en la Ciudad de México y en los cinco estados vecinos. Transcurrida una semana el panorama para los automovilistas ha sido de desconocimiento, confusión y enojo; para los verificentros, temor de clausura o de que se acabe una mina de oro fincada en la corrupción; para las autoridades, recriminaciones mutuas.
Las medidas se anunciaron hace un mes exactamente, el 7 de junio, y comenzaron a aplicarse el viernes pasado. Los verificentros tuvieron tres semanas para actualizar sus equipos de acuerdo con lo requerido. ¿Fue mucho o poco el plazo que tuvieron? Los hechos demuestran que aparentemente no fue suficiente. En inspecciones realizadas por la Profepa en los últimos días, varias líneas de verificación fueron clausuradas por la falta de certificación en uno de los elementos que conforman el proceso de control de contaminantes.
A una semana de la vigencia de la nueva norma, la mayoría de los automovilistas con terminación de placas 5 y 6 no han podido verificar. Ante las líneas canceladas y los verificentros que han decidido suspender momentáneamente el servicio, las opciones son pocas. A lo anterior se suma la posibilidad de que los conductores acudan con su carro último modelo y no pase la prueba; el gobierno capitalino responsabilizó a las agencias automotrices porque no activaron en vehículos el sistema llamado OBD.
El gobierno capitalino afirma que no será necesario prorrogar el periodo de verificación para autos con calcomanía amarilla, que verifican durante julio y agosto. Sin embargo, la autoridad federal señala que de 35 centros de inspección visitados ha clausurado 103 líneas en 23 de ellos; esto es, de cada tres que inspecciona encuentra anomalías en dos.
La autoridad local considera suficientes las siete semanas que restan, pero ¿cuánto tiempo tardarán en abrir las líneas que están fuera de servicio?, ¿qué garantiza que en futuras visitas Profepa no continúe realizando clausuras en dos de cada tres sitios?, ¿de verdad no será necesario prorrogar el plazo para automovilistas? En este sentido, ayer la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México exhortó a las autoridades involucradas a analizar una prórroga en el calendario de verificación.
Si asumimos la versión de Profepa, de que el problema no es político, entonces lo que se está evidenciando es una total falta de coordinación entre las autoridades, en la que los únicos afectados son los automovilistas y el ambiente. Nada garantiza que la situación no empeore; el tiempo para soluciones producto de acuerdos es ahora.
