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El combate a los malos manejos en el ejercicio de la administración pública apenas empieza. Con la promulgación ayer de las leyes secundarias que crean el Sistema Nacional Anticorrupción se sientan las bases para dar forma a una nueva manera de ejercer el servicio público. El objetivo es que quede atrás una clase política que sólo ha sabido allegarse de privilegios sin rendir cuentas claras de los recursos de que dispone.
Las acciones que buscaban contener o eliminar las acciones de cohecho o malversación del dinero público comenzaron en la década de los 90 con la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Sin embargo, desde entonces, los resultados han quedado cortos: sanciones a funcionarios menores y ninguna contra algún servidor público de alto nivel. El gran error de ese esquema es que el investigador de las presuntas anomalías era juez y parte. El funcionario a cargo de la Contraloría —o los diversos nombres que tomó la dependencia hasta la actual Secretaría de la Función Pública— siempre resultó un hombre del gobierno, con escaso margen de independencia.
Lo que plantea el SNA es la articulación de siete elementos: la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, la fiscalía anticorrupción, el Inai, el Consejo de la Judicatura y el Comité Ciudadano. La pieza central y distinta a todo lo que ha funcionado antes es precisamente el aspecto ciudadano, pues serán ellos los que presidirán el comité coordinador del sistema.
El desafío que viene es enorme. Recuperar la confianza de ciudadanos en los políticos no será nada fácil. De acuerdo con datos recientes publicados por el Inegi, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los mexicanos, luego de la inseguridad. La sociedad estará atenta a los resultados y su percepción será el indicador ideal para saber si se marcha en la ruta correcta.
Nunca antes hubo tal consenso en la urgencia de erradicar la corrupción que ha aquejado al país por años, que dio lugar a una clase política llena de privilegios y que ha frenado el avance del país. Durante el camino se enfrentaron resistencias, principalmente en el sector legislativo, pero la presión de organizaciones ciudadanas supo vencerlas.
En la nueva fase que inicia deberá ser la sociedad la que se convierta en férreo vigilante de la clase política. La voz de grupos civiles ha tomado fuerza, se escucha, se coordina y así debe mantenerse en esta cruzada.
