El “pleno respeto a los derechos humanos” parece un discurso repetitivo en actos oficiales, pero será necesario mencionarlo una y otra vez hasta que forme parte de la normalidad de la vida nacional, en especial en la actuación de todas las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales. Nada hay más importante que la vida de cada uno de los habitantes de este país, y ninguna debe ser más valiosa que otra.
Durante la conmemoración del aniversario 88 de la Policía Federal, el comisionado general de la corporación aseguró que el compromiso de los elementos a su cargo es actuar con estricto apego a los derechos humanos, pues nada puede estar por encima de la ley.
¿Qué es lo que dice la ley? El artículo 1o. de la Constitución Política de este país condensa en cinco párrafos los derechos humanos y sus garantías. Además de establecer que todas las personas gozarán de ellos, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Cinco años han pasado ya desde que el Estado mexicano puso en el centro de su atención a las personas. No puede decirse aún que el país ya cambió, pues en este 2016, han sido denunciados en videograbaciones casos de tortura cometidos por soldados y policías federales. Es imposible decir cuánto tiempo más se requerirá para que los integrantes de las instituciones mexicanas, en especial las relacionadas con el ámbito de la seguridad, actúen con pleno respeto a los derechos humanos. Por el bien del país no deben pasar otros cinco años sin que se muestre un cambio notorio.
El papel de organizaciones civiles y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido central para defender a víctimas, reclamar reparación del daño y difundir la cultura en la materia. Las corporaciones federales han hecho suyo el respeto a los derechos humanos, pero poco se ha escuchado de agrupaciones y autoridades locales. Nunca podrá decirse que hay avances si una o más entidades desdeñan la importancia de los derechos humanos.
Ante el compromiso expresado por el mando policiaco, lo que resta es que las palabras se demuestren en los hechos. La corporación en estos momentos se encuentra en el centro de la polémica, luego de los disturbios del pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca. En el momento que se conozcan los resultados de las investigaciones deben utilizarse los mecanismos de control para sancionar eventuales conductas ilegales que se hayan presentado. El menor número de denuncias, como resultado de ceñirse a los protocolos de respeto a los derechos humanos, será el indicador principal de que algo comenzó a cambiar en el país.
