La comunidad gay ha sido un blanco frecuente de ataques y discriminación. Durante muchos años los homosexuales vivieron ocultando sus preferencias y por siglos se consideró que la homosexualidad era una enfermedad (trastorno mental) que debía ser tratada por expertos en psiquiatría.
Todo lo anterior ha cambiado en las últimas décadas, principalmente cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad, en 1990, de su lista de trastornos mentales; desde entonces los derechos de homosexuales se han fortalecido en el mundo, aunque con reticencias, a paso lento y de manera desigual.
La iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 17 de mayo, que plantea modificar el artículo 4o. de la Constitución para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y adoptar menores, fue de manera general bien recibida por distintos sectores, excepto por aquellos vinculados a asociaciones religiosas. Precisamente ayer más de 2 mil iglesias cristianas anunciaron que buscarán impedir que el proyecto sea aprobado, que se movilizarán y que buscarán ir con la Iglesia católica en esta cruzada.
Nadie les impedirá que se movilicen ni que manifiesten su rechazo, pero ¿por qué utilizar energía en condenar un asunto relacionado exclusivamente con el derecho humano a decidir con quién se quiere estar? Sobre el tema incluso la Organización de Naciones Unidas elogió la iniciativa por considerar que representa un avance en la igualdad de los derechos y las libertades de las personas.
En un recuento de posiciones a favor y en contra, EL UNIVERSAL recopila hoy expresiones de voces de líderes religiosos, quienes de manera directa han señalado que si la iniciativa es aprobada tendrá un “costo político” y habrá “voto de castigo” para los partidos. ¿Cederán al chantaje aquellos partidos urgidos de conservar clientela política?
Es perfectamente comprensible que los distintos credos se opongan a celebrar bodas religiosas entre personas del mismo sexo. La iniciativa no pretende inmiscuirse en esos asuntos, su objetivo es convertir a la mexicana en una sociedad más incluyente y en la que todos los mexicanos gocen de los mismos derechos; es, en síntesis, un tema de igualdad. Con esa decisión el Estado abriría oportunidades que no eran posibles, como que las personas del mismo sexo que contraigan matrimonio puedan pensionar a su pareja, proporcionarles seguridad social o adquirir créditos hipotecarios conyugales... es decir, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
