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La vivienda en la Ciudad de México es un bien escaso y difícil de alcanzar para muchas personas. Por ese motivo han surgido grupos que se organizan para buscar la oportunidad de tener acceso a una casa-habitación; muchos de ellos actúan por cauces legales y consiguen su objetivo, pero hay otros tantos que también lo obtienen sin importar si en ello incurren en actos ilegales como el despojo o la invasión de propiedad.
De acuerdo con información del delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, en esa demarcación hay más de 700 predios invadidos por bandas criminales armadas, bien organizadas y con conexiones con partidos políticos en el más alto nivel.
El modus operandi es conocido: identifican predios, edificios, casas o departamentos que se encuentren en litigio o intestados para invadirlos y después, con la complicidad de despachos de abogados, consuman el despojo. Un atraco al patrimonio de ciudadanos solapado por la autoridad.
Los grupos que se llaman defensores de la vivienda y que en realidad recurren a ubicar predios cuyo título de propiedad está en el limbo, no pueden actuar sin saberse protegidos por una figura de poder que las arropa para actuar con base en la invasión.
Son muchas las autoridades que deben explicación, desde el Registro Público de la Propiedad, notarios públicos y delegados, hasta la Secretaría de Seguridad, pues personal de esta dependencia les brindaría información sobre eventuales cateos.
El caso emblemático de este tipo de despojo lo puso en la palestra el periodista Héctor de Mauleón al dar a conocer la situación de un inmueble invadido por la Asamblea de Barrios Poniente, utilizado como guarida para la comisión de ilícitos. Vecinos de la calle Benjamín Hill, en la colonia Condesa, denunciaron situaciones fuera de la normalidad: personas armadas, robo de autopartes, asaltos y narcomenudeo.
La forma en que se actuó no hace más que abonar las sospechas de que este tipo de grupos cuenta con protección. Desde 2013 había una denuncia por despojo en el edificio referido; elementos policiacos llegaron al inmueble luego de un mes de que se publicó la información en EL UNIVERSAL y durante el cateo no se encontró a ninguna persona; ¿coincidencia o los moradores del sitio fueron avisados para borrar evidencias?
Después de la incautación de motos y cohetones, el dirigente de la Asamblea de Barrios interpuso una denuncia contra el delegado Monreal por abuso de autoridad y contra Héctor de Mauleón por daño a su imagen, a pesar de que las acusaciones provenían principalmente de vecinos.
La falta de vivienda es un problema, pero no debe ser el pretexto para que grupos criminales cometan delitos al amparo de la autoridad. Se está a tiempo de frenarlo.
