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La narrativa cinematográfica ha relatado fugas de reos como resultado de elaboradísimos planes hechos por el convicto. Lo cierto es que esas historias usualmente dejan de lado una parte clave: la complicidad —o la omisión deliberada— de las autoridades o los custodios del penal. No puede entenderse de otra forma.
En la Ciudad de México el lunes pasado se fugaron dos reos cuando fueron trasladados del penal de Santa Martha a los juzgados 60 y 25, en el Reclusorio Oriente, para realizar una diligencia. Los dos custodios que los escoltaban simplemente los perdieron de vista en los túneles, mientras los presos salieron por la puerta principal del juzgado 20, luego de que con unas pinzas rompieron los barrotes y una pared de tabla-roca del área de archivos.
El sistema penitenciario de la capital presenta situaciones de corrupción y malos manejos que han sido documentados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En ellos, de acuerdo con testimonios de familiares que han sido publicados por este diario, todo se arregla con dinero: desde ingresar comida hasta no ser revisados durante los días de visita. A lo anterior hay que sumar también la inseguridad: en las 11 cárceles del sistema penitenciario capitalino se registraron 763 muertes violentas de internos en los últimos seis años. En 500 casos se utilizaron “puntas”, armas blancas u objetos punzopenetrantes; en 253 las causas fueron golpes y en 10, armas de fuego. ¿Cómo pueden ingresar armas blancas o de fuego al interior si todo es objeto de revisión? No hay otra respuesta que la permisividad del personal de primer contacto, pero siempre con el solapamiento de la autoridad superior.
Ante tal situación, poco o nada se ha hecho. A finales de 2015 la CDHDF dio a conocer que tiene un catálogo de al menos 56 tipos de derechos violados por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, sin que hayan sido erradicadas esas prácticas.
En más datos que confirmarían la colusión no sólo de los custodios en la fuga del lunes, ayer se conoció que durante este año los titulares de los juzgados 20, 60 y 25 citaron cuatro veces a la misma hora y el mismo día a los ahora prófugos para realizar diligencias, lo que fue de gran utilidad para los fugados, pues sirvió para que conocieran a la perfección los pasillos e identificaran que junto al juzgado 20 había una oficina de archivo muerto que no era resguardada.
Si en este caso hay jueces implicados, son los primeros que deben estar bajo investigación. Es hora de que en un ilícito en el que están involucradas autoridades superiores sean sancionadas. Se sentaría un precedente en el combate a la corrupción, y de paso se comenzaría a sanear el desaseado sistema carcelario.
