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Por lo menos 50 mil personas de mil 280 comunidades de la sierra de Guerrero viven de la siembra de amapola, dijo el pasado lunes Arturo López Torres, comisario ejidal de una de esas poblaciones. De acuerdo con testimonios recogidos por este diario, poco más de 4 mil pesos por mes en promedio ganan esos agricultores gracias al cultivo de amapola; una recompensa mayor de lo que un campesino promedio en México puede presumir.
El problema, por supuesto, es que el cultivo de amapola lleva a la producción de opio, sustancia que a su vez se transforma en drogas ilegales de creciente uso en el mercado estadounidense como la heroína. Cifras de la Evaluación de la Amenaza Nacional de Drogas de la DEA en 2015 dicen que en México se genera 42% de la heroína que circula en el país vecino. Guerrero es el principal productor.
Como la historia de los últimos 40 años ha probado, ninguna prohibición detiene el flujo de un producto ilegal cuando hay consumidores dispuestos a pagar lo que sea para obtenerlo.
La gran pregunta en este caso en particular, como en todas las drogas ilegales, es: ¿qué hacer con la producción y comercialización de dichas sustancias? ¿Se deja al crimen organizado el monopolio de esos mercados? ¿Se castiga a los eslabones más débiles de la cadena —en este caso los campesinos— en el afán de encarecer un producto cuya demanda no disminuye?
El pasado jueves campesinos y transportistas colapsaron la capital de Guerrero, Chilpancingo, por un bloqueo de más de ocho horas en la Autopista del Sol. Exigían, entre otras cosas, que el gobierno dejara de fumigar sus campos de amapola. Pese a la intervención estatal y al hecho de que 71 personas siguen detenidas por esa acción, el gobernador del estado, Héctor Astudillo, ha admitido que el problema no es solamente de seguridad; también es social: “Lo que planteé fue que la amapola fuera para uso medicinal y lo sostengo, ya se dio un paso con el uso de la marihuana, que se haga un programa piloto en Guerrero para evitar tanto problema de quién siembra, y se encauce el tema en la ruta medicinal”.
Dirán los acérrimos críticos de la legalización que abrir esa puerta puede llevar a un incremento general del consumo en México. Más allá de eso, el problema es económico: ¿puede el mercado medicinal legal absorber la producción de al menos 50 mil agricultores en la sierra de Guerrero? ¿Puede competir con la paga proveniente de los cárteles de la droga?
Este conflicto no se resolverá con fumigaciones y arrestos, sino con alternativas económicas. Es una oportunidad. Una solución en Guerrero con paz social incluida sería un ejemplo para atajar la violencia en el resto del país.
