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En diciembre del año 2000, cuando Vicente Fox asumió como presidente de México, su entonces contralor Francisco Barrio prometió que iría tras los “peces gordos” de la corrupción en el país. La caída del PRI, tras 70 años de régimen, generó la expectativa de que, ahora sí, las cosas cambiarían para bien. Gran decepción fue ver que no sólo no se atrapó a altos funcionarios o ex gobernantes en esa administración, sino tampoco en los 15 años siguientes.
Desde entonces se ha vuelto común la expresión “peces gordos” para referirse a los altos funcionarios que deberían ser atrapados por sus actos de corrupción. ¿Cuál es la razón por la cual esos grandes ofensores del pueblo siguen sin ser arrestados? Para los ojos de la gente es mera desidia o complicidad; para los encargados de perseguir a los corruptos, el problema siempre ha sido la ley.
En 2001, un año después de su promesa no cumplida, Barrio explicó que la ley no le permitía los recursos suficientes para capturar a los altos funcionarios involucrados en ilícitos, pues la firma de los contratos se delegaban a empleados de menor rango. Esa misma realidad permanece hasta hoy, de acuerdo con el actual secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, a quien se le preguntó por los elusivos “peces gordos”.
“El sistema administrativo delega funciones, entonces no necesariamente una decisión tomada irregularmente fue hecha por un funcionario de nivel superior”, dice Andrade.
Esta vez, sin embargo, a diferencia de 2001, sí se cuenta con un proyecto legislativo en el Congreso —el Sistema Nacional Anticorrupción— cuya instrumentación debería terminar con las ambigüedades que permiten impunidad.
El problema es que las leyes secundarias pendientes siguen atoradas en el Senado por la falta de acuerdos. Obviamente, un tema espinoso como este no es prioridad para algunas fuerzas políticas cuyos miembros temen ser exhibidos.
Las elecciones del 5 de junio se acercan y no parece que antes de su conclusión vaya a haber grandes avances. Y nada garantiza que el mismo pretexto electoral impida antes de 2018 la aprobación de las iniciativas atoradas.
Algo sí es seguro: mientras no caigan los famosos “peces gordos” la sociedad no creerá que existe un verdadero combate a la corrupción. Importa poco cuántas legislaciones se cambien o instituciones se creen. La única prueba irrefutable será el encarcelamiento de uno o varios altos funcionarios.
El desencanto por la democracia de los mexicanos ha crecido, imparable, desde que cambió el partido en el gobierno en el año 2000. Hacer caer a “peces gordos” no sólo daría legitimidad a un gobierno, daría también credibilidad a la democracia.
