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El despido de 3 mil 119 maestros anunciado ayer por la Secretaría de Educación Pública no es una acción que deba sorprender. Más bien, habría sorprendido que no se tomara esa decisión, pues desde que entraron en vigor las reformas en materia educativa quedaron establecidos los descuentos para maestros que se ausentaran sin justificación a sus labores y el cese para aquellos que acumularan cuatro faltas consecutivas injustificadas.
Lo que se dio fue una acción de gobierno —dura, drástica— que sólo cumple con lo que marca la ley, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzó el domingo un paro de labores en varias entidades y un plantón en la Ciudad de México. El derecho a manifestarse nunca ha estado a discusión, lo que exige una sociedad afectada por el bajo nivel educativo es la presencia de profesores en el aula y terminar con la práctica de tener calendarios y programas escolares incumplidos, que ha sido una constante en entidades como Oaxaca.
En su implementación, la reforma educativa ha sorteado ya diversos obstáculos: primero, se quitó a la Sección 22 (CNTE) el control que tuvo a lo largo de diversos gobiernos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, después se descontó el día a 85 mil 296 docentes que el pasado 12 de octubre salieron a las calles a manifestarse en lugar de presentarse a dar clases, posteriormente fueron separados del servicio educativo 291 docentes y técnicos educativos que no se presentaron a la Evaluación Diagnóstica sin justificar su inasistencia.
En su resistencia a la puesta en marcha de los cambios en el sector educativo, la CNTE ha visto mermar su influencia entre los docentes. Por mucho tiempo tuvo un virtual secuestro de la educación y el manejo de los maestros de diversos estados, ya que todas las mejoras salariales y de prestaciones estaban condicionadas a que asistieran a las movilizaciones y plantones convocados por la Coordinadora.
Aquellos que muestran ahora una postura contraria a la CNTE son víctimas de amenazas, como dio a conocer ayer EL UNIVERSAL en una entrevista con Octavio Estrada, maestro de sexto grado de primaria, que no se sumó al paro laboral y tuvo que dar clases en la calle porque la escuela se encuentra cerrada.
La medida de la SEP, para no ser blanco de críticas o de señalamientos de que se trata de un acto de fuerza o de un abuso, debe apegarse de manera estricta a la ley, estar plenamente justificada y poder comprobarse que quienes se van efectivamente faltaron a sus obligaciones.
Y no debe olvidarse que el objetivo principal es que los alumnos acudan a las aulas y encuentren en ellas a un profesor que los guiará para adquirir conocimientos y no, que pasen semanas sin recibir clases. Un mayor rezago educativo sería imperdonable.
