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Los empresarios dicen que el sistema de justicia laboral en México es tan protector del trabajador que se hace muy costoso promover el empleo fijo en el país. Investigadores aseguran lo contrario: un porcentaje mínimo de las demandas laborales terminan en condenas hacia los patrones porque el proceso legal es tan complejo y abigarrado para el trabajador, que la gran mayoría se desiste antes de ganar un juicio.
En lo que todos coinciden es en lo tortuoso del proceso y en lo absurdo de la existencia de Juntas de Conciliación y Arbitraje que funcionan de forma diferente a cualquier otra instancia judicial. Por eso fue muy oportuno que ayer el presidente Peña Nieto anunciara que su gobierno propondrá un cambio de paradigma en este tema.
El objetivo, dijo, es que ahora los juicios sean encabezados “por órganos del Poder de Justicia Federal o por los órganos de justicia locales. Que los procesos de conciliación sean más ágiles y eficaces y para ello se propone la creación de centros de conciliación especializados e imparciales”.
Hoy en día la cabeza de las juntas de conciliación la conforman tres partes: una representación del gobierno; una del empresariado y otra de los trabajadores (sindicato). Por la complicidad que puede haber entre esos tres actores, sería ingenuo pensar que en los casos más importantes los fallos son imparciales, ajenos al interés de gobierno, empresas o sindicato.
Hace un año, el 27 de abril de 2015, se presentó el Informe y Propuestas sobre Justicia Cotidiana en México, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) como parte de la reforma en el sistema de justicia que el gobierno federal había planteado. En ese evento el presidente hizo un diagnóstico: los juicios civiles, laborales, mercantiles y administrativos representan más de 86% de las disputas legales en el país. Dijo el mandatario: “Esta justicia suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, porque provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella”.
El director del CIDE, Sergio López Ayllón, hizo propuestas específicas que deberían retomarse en el marco del banderazo de salida dado ayer por Peña Nieto: entre ellas, crear a un defensor de las pequeñas empresas. Si bien una gran compañía, o una universidad pública, puede darse el lujo de agotar en un largo juicio laboral a un trabajador, no ocurre lo mismo con las pequeñas empresas.
Si en esos espacios de conflictos comunes el sistema judicial se vuelve una alternativa viable de resolución, al alcance de todos los ciudadanos, disminuirá en la misma proporción la tentación de las personas a hacer justicia por propia mano o a simplemente ignorar a las instituciones. La convivencia civilizada entre los miembros de una comunidad —en aspectos de apariencia simple como un despido— puede prevenir actos de ingobernabilidad ante la impotencia de no hallar en las autoridades una decisión imparcial. Sería abonar a la paz en tiempos en que se cuestiona la utilidad de la democracia.
