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Durante largo tiempo discriminada y condenada a ejercer su amor lejos de la mirada pública, en los últimos años la comunidad gay ha hecho valer sus derechos en el mundo, y México no es la excepción.
En lo que va del siglo XXI ha ganado espacios legales en algunos estados del país y el reconocimiento a ser tratada sin discriminación. Ayer, en el Día Internacional contra la Homofobia, sumó otro: el presidente Enrique Peña Nieto firmó una iniciativa de reforma al artículo 4o. constitucional para que todas las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna.
El proyecto está en línea con la jurisprudencia emitida en junio del año pasado por la Suprema Corte de Justicia que considera inconstitucional la ley de cualquier entidad federativa que plantee que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer.
La propuesta del Ejecutivo mereció además el elogio de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y llamó al Congreso de la Unión y a los congresos estatales a reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio para avanzar en igualar los derechos y libertades de todas las personas.
Aunque en el Congreso la mayoría de las bancadas se manifestó en favor de la iniciativa, comenzarán a alzarse las voces tradicionalmente opositoras a cualquier medida en favor de la comunidad gay. A ellos, baste recordarles que se trata de una cuestión de igualdad de derechos y de tolerancia.
La capital del país es donde más se han hecho campañas en pro de la pluralidad y la diversidad sexual, pero hay zonas del país que, alentadas por grupos ultraconservadores y religiosos, se oponen de manera férrea y casi irracional a tratar de manera igualitaria a integrantes de la comunidad gay. Ante estas reacciones se requieren campañas de concientización a nivel nacional para evitar que se cumpla la consigna que pancartas desplegadas ayer frente al Palacio de Bellas Artes alertaban: “La homofobia mata”.
Dejadas atrás las reformas estructurales —unas en implementación y otras aún en espera de que se aprueben las leyes secundarias— el gobierno federal parece mostrarse más receptivo a demandas de corte progresista —banderas características de fuerzas de izquierda— al enarbolar en las últimas semanas iniciativas como la de uso medicinal de la marihuana, el estudio para hacer una propuesta similar pero sobre la amapola y ahora el tácito reconocimiento a matrimonios gay. Mal harían los legisladores en no atender demandas que tienen que ver con derechos, libertades y tolerancia. El Ejecutivo lanzó la pelota; está ahora en la cancha del Congreso.
