Una enfermedad, especialmente una crónica, puede arruinar la economía de toda una familia. Comprar medicamentos de calidad en una farmacia autorizada no es opción para quienes viven de bajos ingresos. Es por ello que la debilidad del sistema de salud pública en México es proporcional a lo extendido del uso de medicamentos poco confiables o ilegales. Hay un mercado clandestino que no podrá erradicarse mientras las alternativas legales sean inaccesibles.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dice que entre 2010 y 2015 aseguró 372 toneladas de medicamentos en 135 operativos por razones que van desde la venta de muestras médicas hasta la falsificación de sustancias. Cifras de otras instituciones públicas, parte de un reportaje publicado hoy en estas páginas, confirman que se trata de un problema extendido entre la población del cual, sin embargo, no se tiene un diagnóstico preciso.
Desde luego, hay operativos y decomisos, pero como sucede con tantos otros productos ilegales, poco pueden hacer las fuerzas de seguridad para impedir el tráfico de sustancias que la gente demanda.
El problema central se ubica en un sistema de salud pública cimentado en una burocracia que hace a cualquier paciente perder todo un día o una jornada laboral tan sólo para recibir una primera valoración. Lo masivo de las instituciones de salud públicas les impide ofrecer servicios de calidad y abre la puerta a alternativas peligrosas.
Algo similar ocurre con los consultorios anexos a las farmacias, los cuales casi igualan las consultas diarias que ofrece el IMSS y atienden al mes a 8% de la población. Mejor media hora de espera por 40 pesos que cuatro horas aunque sea gratis. Claro, lo malo es que no hay manera de saber si los diagnósticos en dichos lugares se elaboran sólo para incentivar la compra de medicamentos en las propias farmacias donde se emitió la receta o si fomentan el uso indiscriminado de sustancias al extender de manera ligera antibióticos o retrovirales.
El eterno problema de no encontrar en las instituciones públicas los medicamentos adecuados, así como la inaccesibilidad de los servicios privados para la mayoría de la población, provee de un enorme mercado potencial a los traficantes de medicamentos. En el mejor de los casos la persona que los adquiere obtendrá productos originales caducos, pero en el peor escenario podría recibir sustancias que lo lleven a agravar su enfermedad. Llamar a la población a tomar conciencia de esto también es importante.
Todo comienza, sin embargo, con la falta de alternativas públicas y privadas. Uno de los grandes retos de este país.
