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En los comicios federales de 2015 grupos ciudadanos y de académicos tuvieron una destacada participación para conocer las propuestas de los candidatos, principalmente de aquellos que contendían por una curul en la Cámara de Diputados o una gubernatura. Diversas universidades se dieron a la tarea de concentrar los proyectos de los aspirantes, mientras otras organizaciones, como el Imco y Transparencia Mexicana, se abocaron a solicitar a los candidatos tres declaraciones: patrimonial, de impuestos y de conflicto de interés.
Aunque la demanda no tuvo la respuesta que se hubiera deseado por parte de los políticos (una mínima parte presentó dicha información), este 2016 tomó fuerza. Se sumaron organizaciones civiles con el fin de emprender una cruzada y reunir las 120 mil firmas necesarias para presentarla ante el Congreso como iniciativa de ley. Al final, los ciudadanos que estamparon su firma en la propuesta superaron los 600 mil. La llamada Ley 3de3 entró al Senado con el objetivo de que fuera incluida como Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, una de las que darán forma al Sistema Nacional Anticorrupción.
Ayer se conoció que la propuesta proveniente de grupos ciudadanos quedó fuera del proyecto que presentaron PRI y PVEM en el Senado. La iniciativa de estos partidos elimina la condición de obligatoriedad de hacer públicas las tres declaraciones. Únicamente si el servidor lo determina, se tendrá acceso a ellas. El argumento que han esgrimido los funcionarios para no revelar su declaración, es que contiene información personal que no se puede dar a conocer.
¿A qué le apuestan los partidos para no ceder a la petición ciudadana que busca frenar los casos de corrupción? ¿Es necesario recordarles que México aparece siempre entre los países con mayores problemas de cohecho? En un informe de la OCDE México se ubicó como el país más corrupto entre sus 34 integrantes.
Está a punto de vencerse el plazo marcado por la ley (28 de mayo) para contar con las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Hubo tiempo suficiente, mesas de diálogo, revisión de la iniciativa pero a unas horas del término del periodo ordinario de sesiones no parece que haya prisa por sacarlas adelante. Aún se podrían aprobar en un periodo extraordinario, pero la posibilidad se vería cada vez más lejana.
Un paso que sería importante en la transformación de la rendición de cuentas de quienes ocupan cargos públicos está a punto de verse truncado. El desdén a la propuesta ciudadana es notorio. La resistencia a la misma es evidente. ¿De qué forma, entonces, planean los partidos recuperar la confianza que le escamotea la población? Esperamos las respuestas.
