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La frase “muy grande para caer” se ha popularizado en el mundo financiero cada vez que una gran crisis pone en riesgo a las mayores instituciones de crédito. Ese concepto está detrás de los famosos “rescates” que los gobiernos hacen de los bancos cada vez que éstos se meten en problemas por jugar a la alquimia con el dinero de la gente. México, por supuesto, no está exento de ese riesgo.
En abril las autoridades financieras mexicanas van a determinar cuáles bancos son los que representan un riesgo para el sector y por lo cual tienen que constituir y mantener un porcentaje adicional de capitalización para evitar un contagio de la banca que opera en México, dijo el titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Narciso Campos.
Es decir, el Estado determinará si una entidad es de tal tamaño e importancia en el mercado que —por su interconexión con otros agentes similares— pudiera ocasionar un potencial colapso de todo el sistema financiero.
La paradoja en el caso mexicano es que ese riesgo pueda existir a pesar del conservadurismo que caracteriza a la banca dedicada en el país. A raíz de la crisis económica de 1995 los bancos en México han buscado ingresos sin arriesgar mucho. Prestan el equivalente a 26% del Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con el Banco Mundial, cifra ínfima en relación con el promedio de países similares. En Brasil la banca privada contribuye en 61% a la creación de riqueza; en Chile, 71%; en Bolivia, 40%.
En este sexenio se aprobó una ley financiera para incentivar el otorgamiento de crédito y limitar el cobro de comisiones. Sin embargo, a juzgar por sus ganancias reportadas, los bancos no dejan del todo la estrategia de sacar beneficios garantizados sin favorecer a la sociedad mexicana.
Es el sector bancario el que puede impulsar el desarrollo a través de los créditos. Para ello necesita ser controlado por dos vías: vigilar que no tome riesgos desmesurados y obligarlo a prestar dinero a la población.
¿Por dónde empezar? Sigue existiendo falta de regulación y supervisión que se constata cuando las autoridades en Estados Unidos revelan casos de lavado de millones de dólares al crimen organizado en México sin que en este país se hiciera algo al respecto. Además, a diferencia de las investigaciones sobre lavado de dinero en otros países, aquí es imposible tener acceso a datos y documentos de las personas físicas o morales que cometieron el crimen.
Ojalá las medidas anunciadas en el marco de la implementación de la reforma financiera sean apenas el inicio.
