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En septiembre pasado salieron a las calles de la Ciudad de México, con bombo y platillo, un total de 34 patrullas, tres Jeep, una camioneta Pick Up y cinco motocicletas de vigilancia ambiental, que en suma tuvieron un costo total de 30 millones de pesos. Lo que después no se dijo es que los aparatos que miden las emisiones contaminantes de los vehículos —opacímetros— y que deberían acompañar a los policías, no caben en las unidades de la flotilla comprada con dinero público.
Las autoridades dicen que los aparatos “están en la etapa de prueba” y aún no es posible utilizarlos para beneficio del programa. ¿Por qué entonces se dio banderazo de salida a una acción que en los hechos no funciona? Detener automóviles “a ojo de buen cubero” no puede considerarse un acto de gobierno responsable.
La de los aparatos no es la única irregularidad. En entrevista con este diario el director general de Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) dijo que las patrullas ecológicas laboran de lunes a jueves; sin embargo, la misma secretaría afirmó en respuesta a una solicitud de información que las unidades deben operar de lunes a sábado, igual que el programa Hoy No Circula.
Es decir, las decisiones que Sedema ha tomado en torno al tema de las ecopatrullas han sido arbitrarias, en lugar de obedecer a un reglamento o directriz ecológica. Con estas fallas, la dependencia tendría que revisar otros de sus proyectos para verificar su soporte técnico.
Por todo el país cunden las ocurrencias como políticas públicas. Las consecuencias, una vez fracasados los proyectos, las padecen los ciudadanos. En el caso particular de las ecopatrullas de la Ciudad de México hay una inversión millonaria que, en los hechos, sirve para nada o para muy poco.
En el documento Problemática General en Materia de Obra Pública de la Auditoría Superior de la Federación (disponible en versión electrónica), la institución tomó una muestra de 80 contratos de infraestructura con montos de 100 millones de pesos cada uno, implementados durante el periodo 1999-2010 en todo el país. El resultado del análisis es de espanto. Dice el estudio: “Se detectaron como principales deficiencias la planeación incompleta en cuanto al alcance de los proyectos, su rentabilidad, la problemática social y ambiental, diseño de contratos inequitativos (...) así como el predominio de decisiones políticas sobre consideraciones técnicas”.
Una vez más se lleva a la acción una idea sin diagnósticos que la respalden. El gobierno de la Ciudad debería corregir este fiasco si desea conservar la credibilidad en otros proyectos.
