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La presencia de agentes estadounidenses en México no ha estado exenta de situaciones polémicas, desde asesinatos y ataques, hasta la negociación con capos del crimen organizado recluidos en las cárceles mexicanas. En 1985 fue asesinado en Guadalajara Enrique Camarena Salazar, elemento de la agencia antidrogas de EU (DEA). En 2011 dos integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron atacados en una carretera de San Luis Potosí, uno de ellos perdió la vida.
Más recientemente, una investigación de EL UNIVERSAL dio a conocer, en enero de 2014, que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón agentes de la DEA y fiscales del Departamento de Justicia acudían a cárceles mexicanas para reunirse con miembros de cárteles del narcotráfico presos, a quienes ofrecían continuar con sus actividades criminales, si otorgaban información de sus grupos rivales. Esa práctica, refieren analistas, fue uno de los factores que contribuyeron para un aumento de la violencia en el país.
En su momento, el modus operandi fue considerado una violación del Derecho Internacional público, que había sido puesto en marcha por la DEA desde la década de los años 80 en Colombia.
Situaciones como la anterior ya no serán las mismas. De acuerdo con información que publica hoy este diario, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna han establecido un mayor control sobre los agentes federales que recurrían a las fuentes confidenciales. Y es que en una investigación de 18 meses realizada por el Congreso de Estados Unidos se encontró que sin una apropiada supervisión los informantes pueden minar la credibilidad de una investigación. Según el reporte, más de 16 mil personas con el carácter de fuentes confidenciales figuran en investigaciones criminales.
Mayores restricciones a este tipo de testigos protegidos vienen a frenar el abuso en que se había convertido el hecho de dar oído a criminales, quienes muchas veces divulgaban únicamente lo que convenía a sus intereses. Aunque llegan tarde, servirán para terminar con procesos inconsistentes e irregulares basados en dichos, más que en investigaciones y con acusaciones de violaciones a la soberanía en aquellos casos que involucraron a informantes nacionales.
México no ha sido ajeno a esa práctica. El sexenio anterior la PGR recurrió a 336 informantes (testigos protegidos) y en lo que va del actual suman ya 126. En Estados Unidos se están imponiendo restricciones a investigaciones basadas en ese tipo de fuentes, una opción que debería empezar a ser considerada aquí.
