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La Constitución Política del país establece de manera clara los requisitos que debe cumplir cualquier ciudadano que aspire a ocupar una curul en la Cámara de Diputados. Hay limitaciones de edad, de residencia —a la circunscripción de donde se pretende ser legislador— y otras más que aluden a cuándo deben separarse de un cargo si se desempeñan, por ejemplo, como servidor público. En ningún caso se exige contar con algún grado específico de preparación; aunque en teoría, a mayor nivel de estudio debería corresponder una mayor comprensión de los problemas del país.
De acuerdo con un estudio que presenta hoy EL UNIVERSAL, los integrantes de la actual Legislatura —la LXIII, que inició funciones el primer día de este mes— tienen el menor nivel educativo de la última década. De los 498 integrantes que iniciaron en San Lázaro, 79% cuenta con educación universitaria y 21% carece de licenciatura. En la LX Legislatura (2006-2009), en contraste, 87% de los diputados tenía un nivel de licenciatura o superior. Si bien un elevado nivel educativo no garantiza un óptimo desempeño como le-gislador, sería deseable que todos los diputados tuvieran una preparación profesional que respaldara las acciones que toman desde sus curules.
El nivel educativo nunca será garantía de comportamiento honesto ni de sensibilidad social —ese aprendizaje desafortunadamente no se adquiere en las escuelas, es reflejo de lo que somos como sociedad—, pero sin duda abre posibilidades para ayudar a dar mejores soluciones a las adversidades que enfrente el país.
Ante el desprestigio que se ha ganado la política en los últimos años, la actual composición de la Cámara puede ser incluso una consecuencia de esa situación. La población se identifica más con aquellos políticos que utilizan un lenguaje sencillo y cercano a sus problemas cotidianos que a aquellos que recurren a expresiones sin sustento basadas en la demagogia.
Además, ¿cómo descartar que el menor nivel educativo de los actuales diputados no es simplemente un reflejo del nivel educativo general que tiene el país?, generalmente en los últimos lugares en las pruebas educativas realizadas por la OCDE.
A final de cuentas el nivel educativo no hace al legislador, sino el compromiso de que sus acciones sean por el bien común y en su trayectoria legislativa no tuerzan el camino de anteponer decisiones en favor de grupos de interés que el del grueso de la población.
